Activistas ambientales y una senadora denunciaron que cerca de 200 cocodrilos del Orinoco en cautiverio estarían en riesgo de morir por falta de alimento. Se reportan animales en estado de desnutrición severa, muertes y episodios de canibalismo en centros de conservación. La situación ha llevado a la interposición de acciones legales y denuncias públicas sobre presuntas fallas institucionales en el manejo del programa de conservación. La Procuraduría General de la Nación inició una actuación preventiva ante la crítica situación, advirtiendo posibles vacíos de coordinación y definición de competencias entre las entidades vinculadas al Programa de Conservación del Caimán Llanero (PROCAIMÁN). La entidad expresó preocupación por la presunta suspensión de la alimentación desde diciembre de 2025 y solicitó la adopción urgente de medidas interinstitucionales para garantizar el bienestar de la especie. En respuesta, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció un Plan de Acción Técnico e Institucional para frenar la extinción del caimán llanero. Este plan incluye la convocatoria de un comité de expertos, medidas de manejo reproductivo preventivo, la puesta en marcha de una fase de liberación y repoblamiento, y el fortalecimiento institucional. La primera fase de liberación está prevista para la primera semana de julio.

Análisis político

Se observa una estrategia de movilización y denuncia por parte de activistas y la oposición política, utilizando la crisis de los caimanes para cuestionar la gestión ambiental del gobierno y su discurso de "potencia mundial de la vida". El gobierno, por su parte, responde con un plan de acción y la convocatoria a mesas técnicas, buscando mitigar la crisis y proyectar una imagen de respuesta efectiva. La Procuraduría actúa como un ente de control que visibiliza las fallas institucionales y presiona por soluciones. La senadora Andrea Padilla y el activista Mauricio Salazar Rodríguez ganan visibilidad al exponer la problemática y presionar al gobierno. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, aunque responde con un plan, se ve en una posición defensiva ante las críticas por la demora en la actuación y las muertes reportadas. La Universidad Nacional y Cormacarena, como entidades vinculadas, enfrentan cuestionamientos por su rol en el programa de conservación y la aparente falta de coordinación.