La Defensoría del Pueblo ha reportado que entre enero y abril de 2026, 8.249 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado y 45.869 han sufrido confinamiento, sumando un total de más de 54.000 afectados. Estos eventos se han registrado en 46 ocasiones de desplazamiento y 31 de confinamiento a lo largo del país. Las regiones más golpeadas por el desplazamiento incluyen Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Valle del Cauca, mientras que Chocó y Putumayo concentran la mayor cantidad de casos de confinamiento. Las comunidades indígenas y afrodescendientes son las más impactadas por esta crisis humanitaria, sufriendo desproporcionadamente los efectos del conflicto armado interno, la lucha por el control territorial y las economías ilegales. Los desplazamientos han afectado a 13 comunidades afrodescendientes y 11 indígenas, y el confinamiento ha restringido la movilidad en territorios de 22 comunidades étnicas, 16 de ellas indígenas y 6 afrodescendientes. Las principales causas de estas afectaciones son amenazas, homicidios, reclutamiento de menores y presencia de minas antipersonales. Adicionalmente, factores ambientales y efectos de la crisis climática, como la erosión costera y emergencias por lluvias, también han generado desplazamientos. La Defensoría del Pueblo insta a las autoridades a adoptar medidas urgentes de prevención, protección y atención para las comunidades afectadas.

Análisis político

Se observa una estrategia de documentación y alerta temprana por parte de la Defensoría del Pueblo, que busca visibilizar la crisis humanitaria y presionar al Estado para una respuesta efectiva. La entidad actúa como un actor de control y exigencia, exponiendo las cifras y las causas subyacentes del desplazamiento y confinamiento. Las comunidades étnicas, al ser las más afectadas, se posicionan como un grupo vulnerable cuya situación es utilizada para demandar acciones gubernamentales. La Defensoría del Pueblo, al emitir estos informes, busca generar una narrativa de urgencia y necesidad de intervención estatal, enfocándose en las causas estructurales y la desprotección de derechos. Por otro lado, las fuerzas militares, al reportar operaciones contra grupos armados, construyen una narrativa de acción y control territorial, aunque esta no mitigue directamente las cifras de desplazamiento y confinamiento presentadas por la Defensoría. El Estado, en su conjunto, se ve interpelado por la magnitud de la crisis humanitaria.