El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reportó que el desplazamiento forzado de personas en Colombia se duplicó durante 2025 en comparación con el año anterior, alcanzando niveles críticos. Al menos 322.688 ciudadanos se vieron obligados a abandonar sus hogares debido a la intensificación de enfrentamientos armados, confinamientos masivos y ataques con drones. La situación humanitaria se agrava a pocas semanas de las elecciones presidenciales, donde la seguridad es un eje central del debate. La crisis es atribuida a la disputa territorial entre diversos grupos armados por el control de rentas ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, tras el vacío de poder generado después del acuerdo de paz de 2016. El departamento de Norte de Santander fue el más afectado por choques entre el ELN y disidencias de las FARC, forzando la huida de miles de familias. El informe detalla violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), incluyendo atentados de alto impacto como el ocurrido en el Cauca que dejó 21 víctimas mortales. Olivier Dubois, jefe de la delegación del CICR en Bogotá, calificó la situación como un "drama" que trasciende las estadísticas y lamentó que las organizaciones humanitarias hayan tenido que reducir su capacidad de acción debido a recortes presupuestales globales. El informe subraya que la población civil es blanco directo de tácticas de guerra prohibidas, generando un entorno de terror que imposibilita la permanencia en los territorios.

Análisis político

El recrudecimiento de la violencia y el aumento del desplazamiento forzado se presentan como un factor determinante en el contexto preelectoral, elevando la seguridad como tema central del debate. La narrativa oficial podría enfocarse en la necesidad de mano dura contra los grupos armados para garantizar el orden, mientras que las organizaciones humanitarias y de derechos humanos enfatizan el incumplimiento del DIH y la crisis humanitaria como consecuencia de políticas de seguridad ineficaces o fallidas. Los grupos armados ilegales, al intensificar sus acciones y violaciones al DIH, buscan mantener el control territorial y las economías ilícitas, generando un clima de miedo que afecta directamente a la población civil. El gobierno, por su parte, se enfrenta al desafío de controlar la escalada de violencia y proteger a los ciudadanos, lo que podría influir en las estrategias de campaña y en la percepción pública de su gestión en materia de seguridad. El aumento de las cifras de desplazamiento y confinamiento representa una derrota para las políticas de paz y seguridad implementadas hasta la fecha.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reportó que el desplazamiento forzado en Colombia se duplicó durante 2025, alcanzando niveles críticos y marcando el peor panorama humanitario de la última década. Al menos 322.688 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a la intensificación de enfrentamientos armados, afectando zonas pobladas y áreas cercanas a viviendas civiles. Esta situación se agrava a pocas semanas de las elecciones presidenciales, donde la seguridad se ha convertido en un eje central del debate público. La crisis humanitaria es atribuida a la disputa territorial entre diversos grupos armados ilegales que buscan controlar rentas ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, generando un vacío de poder tras el acuerdo de paz de 2016. El informe detalla un aumento significativo en confinamientos masivos, ataques con drones y artefactos explosivos, así como crímenes contra la prensa y atentados de alto impacto. El departamento de Norte de Santander fue el más afectado por choques entre el ELN y disidencias de las FARC. Olivier Dubois, jefe de la delegación del CICR en Bogotá, calificó la situación como un "drama" y señaló que las violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) han aumentado, generando un entorno de terror que imposibilita la permanencia en los territorios. A pesar de los esfuerzos institucionales, la lucha por las rentas ilícitas continúa siendo el motor de esta tragedia, desbordando las capacidades de atención en las regiones periféricas del país.

Análisis político

El informe del CICR pone de manifiesto la persistencia de la violencia armada como un factor determinante en la agenda política colombiana, especialmente en el contexto preelectoral. La duplicación del desplazamiento forzado y el recrudecimiento de las hostilidades evidencian la incapacidad de los acuerdos de paz para consolidar la seguridad en todo el territorio, creando un escenario de vulnerabilidad para la población civil. Las estrategias de los grupos armados se centran en el control territorial y las economías ilícitas, mientras que el debate público se polariza entre la necesidad de mano dura y la búsqueda de soluciones sociales. Los principales beneficiados de esta situación son los grupos armados ilegales que fortalecen su control territorial y sus fuentes de financiación, mientras que el Estado y las instituciones encargadas de la seguridad y la protección de los derechos humanos se ven desafiados en su capacidad de respuesta. Las narrativas se dividen entre quienes señalan la ineficacia de las políticas de seguridad actuales y quienes advierten sobre la necesidad de un enfoque integral que aborde las causas estructurales de la violencia y el conflicto, como las economías ilícitas y la desigualdad social.