La Corte Suprema de Justicia ha establecido un precedente al declarar que la prostitución no debe ser considerada un trabajo, sino una forma de explotación sexual. Esta decisión se fundamenta en un enfoque de derechos humanos, reconociendo que la práctica a menudo ocurre en contextos de desigualdad estructural, vulnerabilidad y violencia. El alto tribunal enfatizó que el cuerpo humano no es un objeto de transacción comercial y que quienes pagan por servicios sexuales son explotadores directos, no simples consumidores. La sentencia, originada en la condena de un hombre por explotación sexual comercial de menores de edad, amplía su alcance para abordar la prostitución en general. Se rechaza la idea de que sea una actividad neutral o voluntaria en abstracto, y se la define como un sistema de discriminación y violencia. La Corte citó estándares internacionales y relatorías de Naciones Unidas para sustentar su postura, buscando reconfigurar el lenguaje jurídico y la percepción pública sobre la responsabilidad en estos casos. Este fallo tiene implicaciones significativas al obligar a considerar las condiciones reales en las que se producen estas prácticas, más allá de la aparente autonomía individual. Se espera que impulse debates legislativos y refuerce la capacidad del Estado para investigar y sancionar delitos de explotación sexual, especialmente aquellos que involucran a menores de edad, quienes deben ser considerados víctimas de explotación sexual sin zona gris.

Análisis político

La decisión de la Corte Suprema de Justicia representa una estrategia jurídica para visibilizar y combatir la explotación sexual, redefiniendo el fenómeno desde una perspectiva de derechos humanos y violencia estructural. Al cambiar la terminología de "clientes" a "explotadores" o "prostituyentes", se busca desnormalizar la demanda y fortalecer la imputación penal contra quienes financian estas redes. Esta postura se alinea con modelos internacionales que penalizan al comprador, buscando así un efecto disuasorio y protector para las víctimas. El principal beneficiado de este fallo es la protección de las víctimas, especialmente menores de edad, al establecer un marco conceptual más robusto contra la explotación sexual. Quienes pierden son aquellos que se lucran de estas prácticas y quienes, hasta ahora, se amparaban en la normalización de la demanda. La narrativa construida por la Corte se centra en la dignidad humana, la violencia estructural y la desigualdad, contrastando con visiones que la equiparan a una mera transacción económica o actividad laboral.