Corte Suprema ratifica juicio y mantiene en cárcel a congresistas por caso UNGRD
Resumen
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha dejado en firme el llamado a juicio contra seis congresistas y un excongresista por presuntos actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión se tomó tras rechazar recursos de reposición y recusaciones presentadas por las defensas de los implicados. El caso se centra en el presunto delito de cohecho impropio, donde los congresistas habrían recibido dádivas a cambio de impulsar contratos.
La Corte también ratificó la orden de captura y la medida de aseguramiento en centro carcelario contra la representante a la Cámara Karen Manrique y el congresista Wadith Manzur. Ambas solicitudes de prisión domiciliaria y recusaciones contra magistrados y conjueces fueron negadas. Manrique continuará recluida en una guarnición militar en Malambo, mientras que Manzur permanecerá en la Escuela de Carabineros en Bogotá.
El proceso judicial investiga un presunto esquema de sobornos para favorecer operaciones de crédito público y la asignación irregular de contratos. Las investigaciones apuntan a que se habrían acordado montos para beneficiar a congresistas a cambio de impulsar la contratación de proyectos de la UNGRD en varios departamentos. El perjuicio económico al Estado se estima en 92.000 millones de pesos.
Análisis Político
Se observa una estrategia de defensa por parte de los congresistas investigados, quienes buscan apartar a los funcionarios judiciales o anular el proceso mediante recusaciones y recursos de reposición. La argumentación se centra en presuntas vulneraciones al debido proceso y cuestionamientos sobre la actuación de los conjueces y magistrados, alegando falta de análisis exhaustivo del expediente. Por otro lado, la Corte Suprema mantiene una postura firme, ratificando las decisiones y medidas de aseguramiento, lo que indica una consolidación del proceso judicial.
La congresista Karen Manrique y el congresista Wadith Manzur, al permanecer privados de la libertad, se ven en una posición política debilitada, enfrentando un mayor escrutinio público y limitaciones en su capacidad de acción política. Quienes continúan el proceso en libertad, aunque también acusados, podrían tener mayor margen para defenderse y construir narrativas públicas. Las defensas de Manrique y Manzur buscan presentar sus gestiones como meramente legislativas o ajustadas a la ley, mientras que la Corte argumenta que la gestión de proyectos regionales no puede ser una fachada para el direccionamiento ilícito de recursos.
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