Corte Suprema niega último recurso a Santiago Uribe, condena por paramilitarismo queda en firme
Resumen
La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso extraordinario de casación presentado por la defensa de Santiago Uribe Vélez, confirmando así su condena a 28 años y tres meses de prisión. La decisión de la Sala de Casación Penal declara improcedente el intento de reabrir la discusión judicial, agotando las vías ordinarias de revisión de la sentencia. La condena se relaciona con su presunta participación en el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, considerado una estructura armada ilegal que operó en el norte de Antioquia entre 1990 y 1994.
La sentencia ratificada lo declara coautor del homicidio agravado del conductor Camilo Barrientos y responsable del delito de concierto para delinquir agravado, ambos calificados como delitos de lesa humanidad. La justicia concluyó que Uribe Vélez integró y dirigió Los 12 Apóstoles, una organización que ejecutó una estrategia de "limpieza social" contra personas señaladas de colaborar con guerrillas. La condena también incluye una multa y una inhabilidad de 20 años para ejercer funciones públicas.
Esta decisión tiene repercusiones políticas debido al vínculo familiar de Santiago Uribe con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha calificado la condena como un golpe para su familia. Con la negativa de la Corte Suprema, el proceso entra en fase de ejecución de pena, aunque permanece abierta una investigación por otros homicidios atribuidos al grupo paramilitar.
Análisis Político
La estrategia política de la defensa de Santiago Uribe Vélez se centró en agotar todas las instancias judiciales ordinarias y extraordinarias, buscando una revisión de la condena mediante recursos como la casación, argumentando vacíos normativos o análisis sesgados de las pruebas. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia actuó como tribunal de cierre, aplicando el principio de doble conformidad y declarando la improcedencia de nuevos recursos, reafirmando la firmeza de la sentencia. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, al calificar la condena como "devastadora" e "injusta", busca construir una narrativa de victimización familiar y cuestionar los fundamentos de la decisión judicial, mientras que representantes de las víctimas, como Daniel Prado, celebran la ratificación como un logro en la búsqueda de justicia tras décadas de proceso.
Con la condena en firme, Santiago Uribe Vélez es el principal perdedor en este escenario judicial, enfrentando la ejecución de su pena. La Corte Suprema de Justicia, al cerrar la vía ordinaria, consolida su rol como máximo tribunal penal. La familia Uribe y sus aliados políticos, representados por el expresidente, pierden una batalla legal significativa, lo que podría tener implicaciones en la percepción pública y en futuras contiendas políticas. Los ganadores, en este contexto, son las víctimas del conflicto y quienes defienden la aplicación de la justicia, quienes ven ratificada una sentencia que considera probada la responsabilidad de Uribe Vélez en crímenes de lesa humanidad.
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