Corte Suprema niega detención domiciliaria a Karen Manrique y mantiene llamado a juicio a congresistas por caso UNGRD
Resumen
La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de detención domiciliaria de la congresista Karen Manrique, quien continuará privada de la libertad en una guarnición militar. La decisión de la Sala de Instrucción, adoptada por mayoría, deja en firme el llamado a juicio contra varios congresistas y un excongresista por el presunto delito de cohecho impropio. El caso se relaciona con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Los congresistas investigados habrían participado en un presunto esquema de corrupción en 2023 para favorecer la entrega de contratos de la UNGRD a cambio de respaldos políticos y votos favorables. Las investigaciones señalan que se habrían interesado en proyectos por cerca de 94 mil millones de pesos destinados a obras en varios municipios. La Corte también consideró el riesgo que representa la reelección de algunos implicados para el desarrollo de la investigación.
Tras la negativa del recurso de Manrique, el expediente será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema para que continúe el proceso y adelante el juicio correspondiente. La defensa de Manrique ha anticipado que no aceptará cargos y se centrará en demostrar su inocencia. La detención de Manrique activó la figura de la silla vacía, dejando a su departamento sin representación legislativa.
Análisis Político
La decisión de la Corte Suprema de mantener la detención intramural de Karen Manrique y el llamado a juicio para otros congresistas evidencia una estrategia judicial de firmeza frente a casos de corrupción que involucran a miembros de la rama legislativa. Esta acción busca enviar un mensaje de imparcialidad y rigor en la aplicación de la justicia, independientemente de la investidura de los implicados. La negativa a la detención domiciliaria y la continuidad del proceso penal fortalecen la narrativa de la justicia actuando contra la impunidad, lo que podría ser capitalizado por sectores que abogan por la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Con esta decisión, la Corte Suprema se posiciona como un actor clave en la contención de posibles redes de corrupción política, afectando directamente la carrera y reputación de los congresistas involucrados. Quienes resulten condenados verán mermada su credibilidad y su capacidad de influencia política futura. Por otro lado, la defensa de los congresistas busca construir una narrativa de inocencia y posibles vulneraciones al debido proceso, argumentando la falta de lectura completa del expediente y recusando a conjueces. La estrategia de la defensa se centrará en demostrar la inexistencia del delito, buscando revertir la percepción pública y judicial.
Sesgo mediático
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