La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha abierto una investigación formal contra la senadora Martha Peralta Epieyú, del Pacto Histórico. La congresista es señalada por su presunta responsabilidad en delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión se basa en denuncias que vinculan a Peralta con el presunto direccionamiento de contratos estatales para favorecer intereses políticos y obtener apoyos para reformas gubernamentales. La senadora Peralta ha declarado públicamente que no ha sido notificada oficialmente de la investigación, calificando la filtración de información como una grave violación al debido proceso y una falta de garantías. Ha manifestado su intención de defenderse con verdad y transparencia, y ha denunciado ser víctima de ataques y estigmatizaciones por su defensa de las reformas del Gobierno. La Corte Suprema, sin embargo, ha confirmado la apertura del proceso y la citará a indagatoria. La investigación surge de testimonios de exfuncionarios de la UNGRD, quienes señalan a Peralta como una presunta "articuladora" para conseguir votos y apoyos legislativos a cambio de la gestión de contratos. Se investiga su presunta injerencia en la adjudicación de contratos de maquinaria amarilla y otros proyectos en La Guajira y otras regiones, con el objetivo de obtener respaldos políticos para iniciativas del Gobierno, como la reforma pensional.

Análisis político

La apertura de una investigación formal contra la senadora Martha Peralta por parte de la Corte Suprema de Justicia evidencia una estrategia judicial que busca desentrañar presuntas redes de corrupción y tráfico de influencias en la contratación estatal. Por un lado, la Corte ejerce su función de control y vigilancia sobre los aforados, buscando determinar responsabilidades penales. Por otro lado, la senadora Peralta emplea una estrategia de defensa pública, denunciando violaciones al debido proceso y filtraciones de información, mientras se posiciona como víctima de persecución política por defender las reformas del gobierno. Esta dualidad marca la construcción de narrativas contrapuestas sobre el caso. En este evento, la senadora Peralta y el Gobierno que defiende podrían verse debilitados políticamente ante la opinión pública, mientras que la justicia y los órganos de control ganan terreno al avanzar en investigaciones de alto perfil. La narrativa de la senadora busca generar empatía y cuestionar la legitimidad del proceso, mientras que la narrativa judicial se centra en la evidencia y los testimonios. Las consecuencias inmediatas incluyen un posible debilitamiento de la bancada del Pacto Histórico y un aumento de la presión sobre el gobierno para demostrar transparencia en la gestión de recursos públicos.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra la senadora Martha Peralta Epieyú, del Pacto Histórico. La congresista es señalada por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), enfrentando cargos por tráfico de influencias y cohecho impropio. La decisión se basa en denuncias que vinculan a Peralta con el presunto direccionamiento de contratos estatales para favorecer intereses políticos y asegurar apoyos a reformas gubernamentales. La investigación sugiere que Peralta habría desempeñado un rol activo en la distribución de cupos contractuales, presuntamente bajo instrucciones del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, con el fin de influir en la aprobación de la reforma pensional. Testimonios de exfuncionarios de la UNGRD la señalan como una presunta "articuladora" para conseguir votos en el Congreso a cambio de la gestión de proyectos en sus regiones, incluyendo un contrato de maquinaria amarilla para La Guajira. Tras conocerse la determinación, la senadora Martha Peralta negó haber sido notificada oficialmente y calificó la filtración de información como una "grave violación al debido proceso". Aseguró que se defenderá con verdad y transparencia y denunció ser víctima de ataques y estigmatizaciones por su defensa de las reformas del Gobierno.

Análisis político

La apertura de investigación contra la senadora Martha Peralta por el caso UNGRD evidencia una estrategia judicial que busca desentrañar presuntas redes de corrupción y tráfico de influencias en el Congreso. La Corte Suprema, al citarla a indagatoria, avanza en la fiscalización de la contratación pública como posible herramienta de canje por votos, especialmente en el contexto de la aprobación de reformas gubernamentales. La senadora, por su parte, construye una narrativa de defensa basada en la falta de notificación formal y la violación al debido proceso, presentándose como víctima de ataques políticos y estigmatización por su lealtad al gobierno. En este escenario, la senadora Peralta y quienes la señalan como "articuladora" se posicionan como los principales actores en conflicto. Mientras la Corte busca establecer responsabilidades, la senadora busca proteger su imagen y su carrera política, argumentando persecución. La narrativa de la defensa se centra en la forma en que se maneja la información, cuestionando la filtración a medios y exigiendo garantías, lo que busca generar un debate público sobre la imparcialidad y el respeto a los derechos procesales, desviando el foco de las acusaciones de corrupción.