La Contraloría General de la República ha emitido una advertencia urgente a la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) sobre el deterioro crítico y sostenido de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentran bajo intervención forzosa administrativa. El órgano de control evidenció incumplimientos financieros y jurídicos en EPS como Coosalud, Famisanar, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y SOS, generando riesgos sobre su sostenibilidad y afectando la prestación del servicio. El seguimiento de la Contraloría concluye que las medidas adoptadas por el Gobierno no están estabilizando el sistema, sino que han profundizado la crisis financiera y operativa. Se identifican riesgos sobre la continuidad del servicio y la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con un incremento drástico de pasivos y una incapacidad para proteger el derecho a la salud. La insatisfacción de los usuarios alcanzó niveles históricos en 2025, con un aumento del 27,4% en peticiones, quejas y reclamos (PQR), principalmente por demoras en citas y negación de medicamentos. La Contraloría convocará a la Superintendencia Nacional de Salud y a las EPS intervenidas a una mesa de trabajo para exponer los hallazgos y exigir medidas correctivas inmediatas. Se señala que las intervenciones no están cumpliendo su objetivo, evidenciando limitaciones en las acciones de inspección, vigilancia y control de la Supersalud, y una amenaza real sobre la continuidad del servicio y la sostenibilidad financiera del sistema.

Análisis político

Se observa una estrategia de control y vigilancia por parte de la Contraloría General de la República, que actúa como un ente de control externo señalando presuntas ineficacias en la gestión de la Superintendencia Nacional de Salud y del Gobierno en la intervención de EPS. La Contraloría busca exponer públicamente los problemas financieros y operativos, generando presión para la adopción de medidas correctivas. La narrativa construida por la Contraloría se centra en el "deterioro crítico y sostenido" y la "ineficacia de las medidas de intervención", lo que podría ser utilizado por sectores de oposición para cuestionar la política de salud del gobierno. La Contraloría parece ganar visibilidad y legitimidad al ejercer su función de control, mientras que la Superintendencia Nacional de Salud y el Gobierno enfrentan un escenario de pérdida de credibilidad si no se demuestran mejoras sustanciales. La situación pone en evidencia las dificultades inherentes a la intervención de entidades complejas como las EPS, y la narrativa de "fracaso de la intervención" se contrapone a la justificación oficial de las medidas adoptadas, generando un debate sobre la efectividad de la política de salud pública.

La Contraloría General de la República ha emitido una advertencia urgente a la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) sobre el crítico y sostenido deterioro financiero y operativo de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentran bajo intervención forzosa administrativa. El ente de control ha identificado que las medidas adoptadas por el gobierno no están logrando estabilizar el sistema, sino que, por el contrario, han profundizado los riesgos sobre los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la continuidad en la prestación del servicio. El informe detalla incumplimientos significativos en indicadores financieros y jurídicos en EPS como Coosalud, Famisanar, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y SOS, lo que genera serios riesgos para su sostenibilidad. En el caso de Nueva EPS, la entidad más grande del país, se reporta la ausencia de estados financieros certificados para 2024 y 2025, además de un faltante de $4,9 billones en reservas técnicas y $13,6 billones en anticipos pendientes de legalizar. La situación financiera de estas EPS ha impactado negativamente a clínicas y hospitales, aumentando las deudas y afectando la operación. La insatisfacción de los usuarios ha alcanzado niveles históricos, con un incremento del 27,4% en peticiones, quejas y reclamos (PQR) durante 2025, siendo la negación de medicamentos y la falta de citas médicas los motivos recurrentes. La Contraloría señala limitaciones en la efectividad de las acciones de inspección, vigilancia y control de la Supersalud, convocando a una mesa de trabajo para exponer los hallazgos y exigir medidas correctivas inmediatas.

Análisis político

Se observa una estrategia de control y vigilancia por parte de la Contraloría General de la República, que actúa como un contrapeso al poder ejecutivo y a la Superintendencia Nacional de Salud. La Contraloría busca evidenciar las falencias en la gestión de las EPS intervenidas, señalando la ineficacia de las medidas adoptadas por el gobierno. La narrativa construida por la Contraloría se centra en el "deterioro crítico y sostenido" y los "riesgos relevantes" para el sistema de salud, buscando generar presión para la adopción de correctivos. La Contraloría se posiciona como un actor que defiende los recursos públicos y el derecho a la salud, mientras que la Superintendencia Nacional de Salud, y por extensión el gobierno, enfrentan críticas por la aparente ineficacia de sus intervenciones. El Superintendente de Salud, Daniel Quintero, reconoce públicamente las "faltas de capacidades" de la entidad, lo que podría interpretarse como una estrategia para mitigar el impacto de las críticas o como una admisión de debilidades estructurales. El principal beneficiado de esta situación es la Contraloría, que refuerza su rol de órgano de control, mientras que el gobierno y la Supersalud pierden credibilidad en su manejo del sector salud.

La Contraloría General de la República ha emitido una advertencia urgente a la Superintendencia Nacional de Salud sobre el "deterioro crítico y sostenido" de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentran bajo intervención forzosa administrativa. El órgano de control evidenció incumplimientos financieros y jurídicos en EPS como Coosalud, Famisanar, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y SOS, generando riesgos sobre su sostenibilidad y la prestación del servicio. El seguimiento de la Contraloría concluye que las medidas de intervención adoptadas por el Gobierno no están cumpliendo su objetivo de estabilizar el sistema de salud. Por el contrario, se ha identificado un incremento drástico de los pasivos, una incapacidad para proteger el derecho a la salud y un aumento histórico en las peticiones, quejas y reclamos (PQR) de los usuarios. La situación financiera de Nueva EPS, la más grande del país, es particularmente preocupante, con un faltante de $4,9 billones en reservas técnicas y $13,6 billones en anticipos pendientes de legalizar. Ante la gravedad de los hallazgos, la Contraloría convocará a la Superintendencia Nacional de Salud y a las EPS intervenidas a una mesa de trabajo para exponer los puntos críticos de la advertencia y exigir medidas correctivas inmediatas. El ente de control considera que los resultados evidencian limitaciones en la efectividad de las acciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio y la sostenibilidad financiera del sistema de salud.

Análisis político

Se observa una estrategia de control y vigilancia por parte de la Contraloría General de la República, que actúa como un contrapeso al accionar del Gobierno y la Superintendencia Nacional de Salud en la gestión de las EPS intervenidas. La Contraloría busca exponer las falencias en la intervención, señalando que las medidas no han sido efectivas y, por el contrario, han agravado la crisis. El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, ha extendido la intervención en algunas EPS como Asmet Salud, argumentando la necesidad de proteger a los afiliados y evitar una liquidación precipitada que generaría un riesgo sistémico. La Contraloría emerge como un actor que gana visibilidad al señalar las debilidades del sistema y la gestión gubernamental, mientras que la Superintendencia y el Gobierno enfrentan críticas por la ineficacia de sus intervenciones. Las narrativas difieren: la Contraloría habla de "deterioro crítico" e "ineficacia", mientras que el Gobierno, al prorrogar intervenciones, busca proyectar una imagen de control y protección de los usuarios, aunque reconociendo avances insuficientes. La situación genera incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema y la confianza en las entidades encargadas de su regulación y supervisión.

La Contraloría General de la República ha emitido una advertencia urgente a la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) sobre el "deterioro crítico y sostenido" de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentran bajo intervención forzosa administrativa. El órgano de control evidenció incumplimientos financieros y jurídicos en EPS como Coosalud, Famisanar, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y SOS, generando riesgos sobre su sostenibilidad y la prestación del servicio. El seguimiento de la Contraloría concluye que las medidas adoptadas por el Gobierno no están estabilizando el sistema, sino que han profundizado la crisis financiera y operativa. Se identifican riesgos relevantes sobre los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la continuidad del servicio, afectando directamente a clínicas y hospitales por el incremento de deudas. La insatisfacción de los usuarios alcanzó niveles históricos en 2025, con un aumento del 27,4% en peticiones, quejas y reclamos (PQR), principalmente por demoras en citas y negación de medicamentos. La Contraloría convocará a la Superintendencia Nacional de Salud y a las EPS intervenidas a una mesa de trabajo para exponer los hallazgos y exigir medidas correctivas inmediatas. El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, señaló que los resultados evidencian limitaciones en la efectividad de las acciones de inspección, vigilancia y control de la SNS, lo que confirma la ineficacia de las medidas de intervención y amenaza la sostenibilidad financiera del sistema de salud.

Análisis político

Se observa una estrategia de control y advertencia por parte de la Contraloría General de la República, que busca señalar la ineficacia de las intervenciones gubernamentales en las EPS. La Contraloría actúa como un ente de fiscalización que expone públicamente los problemas financieros y operativos, generando presión sobre la Superintendencia Nacional de Salud y el Gobierno. La narrativa de la Contraloría se centra en el "deterioro crítico" y la "amenaza real" a la sostenibilidad del sistema, utilizando cifras alarmantes sobre pasivos, endeudamiento y falta de estados financieros certificados. La Contraloría parece ganar visibilidad y autoridad al exponer las fallas del sistema de salud bajo intervención. La Superintendencia Nacional de Salud, por su parte, se ve en una posición defensiva, reconociendo la falta de capacidades y anunciando medidas. El Gobierno, aunque no es mencionado directamente en las críticas de la Contraloría, se ve implicado al ser el responsable de las intervenciones. Las EPS intervenidas, como Nueva EPS, son presentadas como casos críticos que evidencian la magnitud del problema, mientras que los usuarios son los principales perdedores ante la afectación en la prestación del servicio y la incertidumbre sobre su atención médica.

La Contraloría General de la República ha emitido una advertencia urgente a la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) sobre el deterioro crítico y sostenido de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentran bajo intervención forzosa administrativa. El órgano de control evidenció incumplimientos financieros y jurídicos en EPS como Coosalud, Famisanar, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y SOS, generando riesgos sobre su sostenibilidad y afectando la prestación del servicio de salud. El seguimiento de la Contraloría concluye que las medidas adoptadas por el Gobierno no están cumpliendo su objetivo de estabilizar el sistema, sino que han profundizado la crisis financiera y operativa. Se identifica una amenaza real sobre la continuidad del servicio y la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud, reflejada en un incremento drástico de pasivos y una incapacidad para proteger el derecho fundamental a la salud. La insatisfacción de los colombianos alcanzó niveles históricos en 2025, con un aumento del 27,4% en peticiones, quejas y reclamos (PQR), principalmente por demoras en citas y negación de medicamentos. La Contraloría convocará a la Superintendencia Nacional de Salud y a las EPS intervenidas a una mesa de trabajo para exponer los hallazgos y exigir medidas correctivas inmediatas. Se destaca el caso de Nueva EPS, la entidad más grande del país, que no cuenta con estados financieros certificados para 2024 y 2025, y presenta un faltante de $4,9 billones en reservas técnicas y $13,6 billones en anticipos pendientes de legalizar. El informe detalla el colapso de indicadores en otras EPS intervenidas, evidenciando limitaciones en la efectividad de las acciones de inspección, vigilancia y control de la Supersalud.

Análisis político

Se observa una estrategia de control y vigilancia por parte de la Contraloría General de la República, que actúa como un contrapeso al accionar del Gobierno y la Superintendencia Nacional de Salud en la gestión de las EPS intervenidas. La Contraloría busca exponer las falencias y exigir rendición de cuentas, mientras que la Superintendencia, a través de su vocero, reconoce limitaciones en sus capacidades de inspección, vigilancia y control, sugiriendo una posible estrategia de autocrítica para mitigar el impacto de las críticas. La Contraloría se posiciona como un actor que defiende los recursos públicos y el derecho a la salud, mientras que el Gobierno y la Superintendencia enfrentan un escenario de cuestionamiento sobre la efectividad de sus intervenciones. La narrativa de la Contraloría se centra en el "deterioro crítico y sostenido" y el "fracaso de la intervención", mientras que la Superintendencia admite "falta de capacidades". Los usuarios y prestadores de servicios de salud son los principales afectados por la crisis financiera y la ineficiencia en la prestación del servicio.