El Consejo de Estado ha suspendido provisionalmente el concurso público para la designación de 329 notarios en Colombia. Esta medida cautelar responde a una demanda que busca anular el acuerdo que establecía las bases del concurso, el cual ha sido objeto de denuncias por presuntas irregularidades y falta de transparencia documental. La suspensión se produce tras advertencias de la Procuraduría y la Contraloría, y luego de que la Universidad Libre, contratista encargado de la ejecución del proceso, solicitara terminar su vinculación. El concurso, que se reanudaría el 26 de junio tras siete meses de suspensión, enfrentaba cuestionamientos sobre la pérdida de documentos clave y el manejo del contrato con la Universidad Libre. El Consejo Superior de Carrera Notarial, integrado por el ministro de Justicia, presidentes de altas cortes y el procurador general, debía emitir un pronunciamiento sobre posibles variaciones al cronograma. Sin embargo, la decisión del Consejo de Estado pone en pausa el proceso mientras se evalúan de fondo las alertas de los entes de control. La situación genera un limbo jurídico sobre la provisión de notarios en propiedad, ya que actualmente 30 notarías están en encargo y 299 en interinidad. La ley exige que los notarios sean elegidos por méritos, y ante la falta de una lista de elegibles, los nominadores deben nombrar libremente para garantizar la continuidad del servicio. La suspensión del concurso plantea interrogantes sobre la necesidad de replantear el proceso ante los antecedentes y el costo asociado a su realización.

Análisis político

Se observa una estrategia de control y escrutinio por parte de los órganos de control y la rama judicial, evidenciada en las alertas de la Procuraduría y la Contraloría, y la suspensión provisional dictada por el Consejo de Estado. Esto contrasta con la intención inicial de la Superintendencia de Notariado y Registro y el Consejo Superior de Carrera Notarial de reactivar el concurso. El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, parece estar en una posición de acatar las decisiones judiciales, como lo demostró la orden de suspensión previa del presidente Petro. Quien gana con este evento son los organismos de control y la justicia, que ejercen su función de vigilancia. Quienes pierden son los aspirantes que esperaban participar en el concurso y las entidades que buscaban proveer las notarías de manera expedita. Las narrativas difieren entre quienes denuncian irregularidades y exigen garantías, y quienes buscan avanzar con el proceso a pesar de las advertencias. La suspensión judicial impone una pausa y obliga a una revisión profunda, lo que podría interpretarse como una victoria para la transparencia y la legalidad. Sin embargo, la demora en la provisión de notarios en propiedad podría generar inestabilidad y dar pie a nombramientos provisionales que, según se reporta, han tenido nexos políticos. La estrategia de los entes de control es la de frenar y revisar, mientras que la de quienes impulsaban el concurso era la de avanzar, y la de la justicia es la de garantizar el debido proceso.