El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de varios artículos del Decreto 572 de 2025, emitido por el Gobierno nacional, que modificaba las bases y tarifas de retención y autorretención en la fuente. La decisión, adoptada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, responde a demandas de nulidad que argumentaban falta de motivación y justificación técnica por parte del Ejecutivo. La medida cautelar afecta los artículos 2 al 8 del decreto, mientras que el artículo 1 se mantiene vigente. La suspensión se produce tras considerar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no presentó estudios suficientes ni explicaciones técnicas, económicas o jurídicas que sustentaran la necesidad de implementar las modificaciones. Diversos sectores empresariales y gremios habían criticado la norma, argumentando que elevaba anticipadamente el recaudo fiscal, alteraba el flujo de caja de las empresas y funcionaba como una financiación anticipada al Estado. La medida busca devolver temporalmente la aplicación de las normas anteriores en materia de autorretención. Como consecuencia de la suspensión, a partir del 8 de mayo de 2026, los agentes de retención deben aplicar las bases y tarifas vigentes antes de la expedición del Decreto 572 de 2025, según lo precisó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). La decisión del alto tribunal deja sin efectos, por ahora, los aumentos en las tarifas y bases de retención, y ordena volver a aplicar las condiciones anteriores mientras se estudia de fondo la legalidad de la norma. El Consejo de Estado negó la suspensión del artículo 1 del decreto, relacionado con certificados de depósito de ahorro a término (CDAT).

Análisis político

Se observa una estrategia del Consejo de Estado de actuar como contrapeso a las decisiones del Ejecutivo en materia tributaria, especialmente cuando estas son percibidas como apresuradas o carentes de sustento técnico. La suspensión provisional de artículos clave del decreto representa un revés para el Gobierno, que buscaba anticipar recaudo fiscal para afrontar un déficit. Por otro lado, la acción judicial es capitalizada por sectores empresariales y figuras políticas opositoras, quienes argumentan que la medida protege a las pequeñas y medianas empresas y evita un "derroche burocrático". El Gobierno, liderado por Gustavo Petro, pierde en esta instancia al no poder implementar su estrategia de recaudo anticipado, lo que podría afectar sus metas fiscales y la liquidez esperada. Quienes ganan son las empresas, que ven aliviada su carga financiera inmediata, y la oposición política, que puede enmarcar la decisión como un triunfo contra políticas gubernamentales perjudiciales. Las narrativas se dividen entre la necesidad del Gobierno de asegurar recursos y la defensa de la sostenibilidad empresarial frente a medidas que, según los críticos, no fueron debidamente fundamentadas.