El Gobierno Nacional expidió el decreto 415 de 2026, ordenando a los fondos privados de pensiones trasladar aproximadamente $25 billones a Colpensiones. Esta medida busca mover el dinero de las cuentas de ahorro individual de los trabajadores que utilizaron la ventana de oportunidad de traslado de la reforma pensional. Los plazos establecidos varían para quienes ya se pensionaron y para quienes aún no, generando preocupación sobre el impacto en la rentabilidad del ahorro pensional. La decisión ha generado controversia y cuestionamientos jurídicos, especialmente porque la reforma pensional se encuentra en revisión por la Corte Constitucional. Expertos y gremios de fondos privados argumentan que el decreto contraviene la ley vigente, la cual estipula que los recursos deben seguir siendo administrados por los fondos privados hasta que se consolide la pensión. Se señala que la destinación de estos fondos, según la ley, no sería para Colpensiones sino para el fondo de ahorro del Banco de la República. Como respuesta a la expedición del decreto, se han presentado diversas demandas ante el Consejo de Estado, solicitando su nulidad y suspensión. Los demandantes argumentan que el Gobierno excedió su potestad reglamentaria al ordenar un traslado de recursos que, según la ley, solo debería ocurrir al momento de la jubilación. La admisión de estas demandas abre un frente judicial al decreto, aunque no implica una suspensión inmediata de la norma.

Análisis político

Se observa una estrategia del gobierno por consolidar recursos para el sistema público pensional, utilizando una ventana de oportunidad de la reforma pensional que aún está vigente. Esta acción busca fortalecer fiscalmente a Colpensiones y, según el gobierno, garantizar el pago de pensiones. Por otro lado, los fondos privados y sectores de oposición argumentan que la medida es ilegal, viola la ley y podría afectar la rentabilidad de los ahorros individuales, construyendo una narrativa de "robo" al ahorro de los colombianos y de extralimitación del ejecutivo. El gobierno, liderado por el presidente Petro, parece ganar legitimidad ante sus bases al tomar acciones directas sobre el sistema pensional, presentándose como defensor de los trabajadores. Los fondos privados y la oposición, incluyendo candidatos presidenciales, pierden credibilidad si no logran frenar la medida, pero ganan apoyo al posicionarse como defensores del ahorro individual y la legalidad. Las narrativas se centran en si la medida es una solución fiscal necesaria o un acto arbitrario que vulnera derechos.