El proyecto de ley para la creación de la Jurisdicción Agraria, pieza clave de la reforma rural pactada en el Acuerdo de Paz, se encuentra en un punto crítico en el Congreso. La iniciativa busca definir las competencias de jueces y tribunales agrarios, pero su avance se ha visto frenado por polémicas, especialmente en torno al artículo 9, que define las facultades de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para resolver pleitos de tierras sin control judicial automático. Sectores advierten que esto podría debilitar las garantías judiciales y se asemeja a una "expropiación exprés". El Consejo Superior de la Judicatura y el Gobierno nacional han intensificado llamados al Congreso para priorizar y aprobar el proyecto antes del 20 de junio, fecha de cierre de la legislatura. A pesar de que el proyecto ha superado debates en comisiones, se ha estancado en las plenarias de Cámara y Senado. La Corte Constitucional también ha ejercido presión, reiterando que las competencias jurisdiccionales deben ser ejercidas por autoridades judiciales, lo que pone en entredicho la ampliación de facultades administrativas de la ANT. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la ponencia positiva del proyecto, abriendo la puerta a la discusión del articulado, mientras que en el Senado se han presentado obstáculos como la ruptura del quórum. Si el proyecto no se aprueba en esta legislatura, el Gobierno ha anunciado que lo presentará nuevamente en julio de 2026. La falta de aprobación dejaría un tribunal agrario sin contenido jurídico, impidiendo la resolución de conflictos de tierra y afectando metas del Acuerdo de Paz.

Análisis político

Se observa una estrategia política del Gobierno y la Judicatura para presionar al Congreso a aprobar la Jurisdicción Agraria antes del cierre de la legislatura, apelando a la urgencia y a compromisos del Acuerdo de Paz. Por otro lado, sectores de oposición, como algunos senadores, emplean tácticas dilatorias, como la ruptura del quórum, para obstaculizar el avance del proyecto, argumentando preocupaciones sobre la "expropiación exprés" y la autonomía de la ANT. El Gobierno y sus aliados en el Congreso buscan consolidar la implementación de la reforma rural, mientras que la oposición intenta frenar o modificar aspectos que consideran perjudiciales para la propiedad privada. La narrativa oficial enfatiza la necesidad de justicia agraria y el cumplimiento de acuerdos, mientras que la oposición construye una narrativa de defensa de garantías judiciales y protección contra posibles abusos administrativos. El principal beneficiado de una aprobación rápida sería el Gobierno y los sectores que apoyan la reforma agraria, mientras que quienes se oponen o buscan modificaciones sustanciales podrían perder terreno si el proyecto se aprueba sin cambios significativos.