El Congreso de la República retomó el debate sobre un proyecto de ley que busca asegurar la continuidad del Ministerio de Igualdad y Equidad. Este debate es crucial, ya que la Corte Constitucional fijó un plazo de 48 días para subsanar vacíos de trámite, bajo riesgo de desaparición de la entidad. El proyecto, radicado el año pasado, ha superado votaciones previas para evitar su archivo y avanza hacia una discusión de fondo con numerosas proposiciones presentadas por los congresistas. La sesión en las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado se vio interrumpida por falta de quórum, debido a una estrategia de la oposición de retirarse del recinto. Los opositores argumentan que el ministerio ha sido ineficiente, un "fortín burocrático" con baja ejecución presupuestal y duplicidad de funciones, además de escándalos y desvío de recursos. Defienden que el debate de fondo sobre la inconveniencia de la iniciativa ya se ha dado y buscan impedir su aprobación. El Gobierno, por su parte, ha intensificado sus esfuerzos políticos y jurídicos para garantizar la continuidad del ministerio. Paralelamente a los debates legislativos, se han activado mecanismos como solicitudes de ampliación de plazo ante la Corte Constitucional y consultas al Consejo de Estado. Estas acciones buscan evitar un vacío institucional que afectaría a 14 poblaciones históricamente excluidas y de especial protección constitucional.

Análisis político

Se observa una clara estrategia de la oposición, liderada por el Centro Democrático, consistente en obstaculizar el debate legislativo mediante la falta de quórum. Esta táctica busca capitalizar las críticas sobre la gestión y ejecución presupuestal del Ministerio de Igualdad para generar un desgaste político del gobierno. Por otro lado, el oficialismo emplea una doble estrategia: por un lado, impulsa el debate en el Congreso con mensaje de urgencia y, por otro, recurre a mecanismos jurídicos y solicitudes ante altas cortes para ganar tiempo y asegurar la supervivencia de la entidad. La oposición, representada por congresistas como Clara López y Hernán Cadavid, busca posicionarse como defensora del buen uso de los recursos públicos y crítica de la "politiquería" y el "embeleco burocrático". Ganan visibilidad y apoyo al cuestionar la efectividad y el costo del ministerio. El Gobierno y sus aliados, como el representante Eduard Sarmiento, defienden la necesidad de la cartera para atender poblaciones vulnerables y argumentan que su consolidación es un proceso en curso. Pierden credibilidad si no logran asegurar la continuidad o si las críticas sobre la ejecución se confirman, mientras que ganan si logran mantener la entidad y demostrar resultados.