Congreso avanza en Régimen Sancionatorio Aduanero para evitar vacío legal contra contrabando
Resumen
Las Comisiones Segundas Conjuntas de Senado y Cámara debatieron y aprobaron en primer debate el proyecto de ley que establece el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero. Esta iniciativa, compuesta por 114 artículos, busca regular el control aduanero, el decomiso de mercancías y los procedimientos aplicables, con el objetivo de combatir el contrabando y modernizar el sistema de comercio exterior.
La aprobación es crucial, ya que el país tiene plazo hasta el 20 de junio de 2026 para convertirla en ley, evitando así un vacío legal que paralizaría las acciones institucionales contra el contrabando. El ministro de Hacienda y el director de la DIAN destacaron la relevancia del proyecto para la economía y el comercio exterior, señalando que atiende un mandato de la Corte Constitucional y es resultado de un amplio consenso con gremios, academia y sociedad civil.
Empresarios y gremios han expresado su urgencia por la expedición de esta ley, advirtiendo que la falta de un régimen sancionatorio debilita las capacidades de control del Estado y compromete la seguridad jurídica y la estabilidad de la cadena logística. El proyecto, que ya superó su primer debate, debe ahora pasar a las plenarias de ambas cámaras antes de la fecha límite para evitar un escenario de impunidad.
Análisis Político
Se observa una estrategia de concertación y urgencia por parte del gobierno y la DIAN, buscando un consenso amplio entre diferentes sectores políticos y gremiales para sacar adelante una reforma necesaria. La narrativa se centra en la importancia de la seguridad jurídica, la lucha contra el contrabando y la modernización del comercio exterior, apelando a la responsabilidad del Congreso para evitar un vacío legal.
El gobierno y la DIAN, junto con gremios como la Andi, son los principales beneficiados al avanzar en una normativa que fortalece el control aduanero y la economía. Los congresistas que impulsan el proyecto también se benefician al mostrar gestión y respuesta a un mandato judicial y a las demandas del sector productivo. Quienes podrían perder son aquellos actores que se benefician del contrabando y la ilegalidad, al ver fortalecidas las herramientas para combatirlos.
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