El Congreso de la República aplazó el primer debate en comisiones conjuntas del proyecto de ley del Régimen Sancionatorio Aduanero, generando preocupación en el Gobierno y gremios empresariales. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha hecho un llamado urgente a las mesas directivas del Senado y la Cámara para continuar con el trámite, advirtiendo que el país se enfrenta a un vacío constitucional si la ley no es sancionada por el Presidente antes del 20 de junio. Este plazo es perentorio, ya que la Corte Constitucional dictaminó que el régimen actual solo estará vigente hasta esa fecha. La aplazada sesión se produjo a pesar de una votación positiva de la ponencia unificada, lo que indica un consenso previo sobre la necesidad de modernizar el marco legal. El director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, enfatizó la gravedad de un posible vacío normativo, señalando que paralizaría acciones esenciales como aprehensiones, decomisos y liquidación de sanciones, debilitando la capacidad del Estado para ejercer control aduanero y combatir el contrabando. La iniciativa busca fortalecer la legalidad y competitividad en el comercio exterior. Diversos sectores, incluyendo la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), han reiterado la urgencia de aprobar el proyecto, destacando que su aprobación es fundamental para preservar la seguridad jurídica y la capacidad del Estado para enfrentar prácticas ilegales. El gremio empresarial recordó que un aplazamiento podría abrir la puerta a un aumento del comercio ilícito y debilitar las capacidades sancionatorias y de control del Estado, afectando la estabilidad de la cadena logística.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en generar presión pública y apelar a la responsabilidad del Congreso para asegurar la aprobación de una ley considerada crucial para la seguridad económica y el control aduanero. Se observa una narrativa gubernamental que enfatiza el riesgo de un "escenario grave" e "inaceptable" ante un posible vacío constitucional, buscando movilizar apoyo y urgir a los legisladores. Por otro lado, el aplazamiento en el Congreso, a pesar de una ponencia unificada positiva, sugiere la existencia de intereses o debates internos que dilatan el proceso, posiblemente relacionados con la forma o el alcance de las sanciones, o incluso con disputas políticas que aprovechan la urgencia de la normativa. El principal beneficiado de una aprobación oportuna sería el Estado, a través de la DIAN, al mantener y fortalecer sus herramientas de control y sanción contra el contrabando. Los empresarios legales también ganan al asegurar un marco de competencia más equitativo y seguridad jurídica. Quienes pierden son los actores involucrados en el comercio ilícito, quienes se verían más expuestos a sanciones. Las narrativas divergentes se manifiestan en la urgencia que clama el Gobierno y la DIAN, frente a las dilaciones y posibles "vicios de trámite" señalados en el Congreso, que podrían estar construyendo una justificación para el retraso o buscando renegociar aspectos de la ley.