La campaña presidencial de Iván Cepeda ha generado controversia a pocos días de la primera vuelta electoral debido a la realización de eventos masivos en distintas ciudades del país. Sectores críticos y opositores argumentan que estas actividades podrían violar la ley que prohíbe eventos públicos de carácter proselitista una semana antes de los comicios. Las reuniones, que según la campaña son de carácter privado y logístico para organizar testigos electorales, han sido difundidas en redes sociales, lo que ha avivado el debate. Gustavo Bolívar, exsenador y miembro de la campaña, defendió la legalidad de los encuentros, señalando que se realizan en espacios cerrados y que la ley no prohíbe el número de asistentes sino los eventos públicos. Aseguró que la masividad se debe a la organización de más de 100 mil testigos electorales y que la campaña es la más austera. Por su parte, el representante Christian Garcés cuestionó la interpretación jurídica de la campaña de Cepeda, calificándola como un intento de "hacerle el quite a la ley" y anunció que su partido presentará denuncias ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Como resultado, se han presentado al menos dos denuncias formales ante el CNE por parte de ciudadanos que solicitan investigar posibles vulneraciones al decreto que rige las restricciones electorales. Las denuncias se basan en publicaciones en redes sociales y material fotográfico que evidenciarían actividades proselitistas en fechas cercanas a la elección. El CNE ha indicado que, de comprobarse alguna violación, la campaña podría ser sancionada administrativamente.

Análisis político

Se observa una estrategia de movilización y organización de bases por parte de la campaña de Iván Cepeda, defendiendo la naturaleza privada y logística de sus eventos para sortear las restricciones electorales. Paralelamente, la oposición política, representada por el Centro Democrático, emplea la vía de las denuncias ante el CNE como estrategia para cuestionar la legalidad de dichas actividades y generar un debate público sobre el cumplimiento de las normas. La narrativa oficialista se enfoca en la transparencia y la organización electoral, mientras que la oposición construye un relato de incumplimiento y búsqueda de ventajas indebidas. El principal beneficiado de esta controversia podría ser el candidato que logre capitalizar el descontento o la simpatía generada por el debate sobre la legalidad de las campañas, mientras que el principal afectado sería aquel cuya campaña sea sancionada o percibida como infractora por el electorado. Las narrativas distintas se centran en la interpretación de la ley: una defiende la libertad de organización interna y la otra enfatiza la prohibición de actos proselitistas masivos en la recta final, buscando influir en la percepción pública sobre la equidad del proceso electoral.

A pocos días de las elecciones presidenciales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió una advertencia contundente prohibiendo los eventos políticos masivos en plazas públicas y espacios abiertos, obligando a las campañas a realizar sus actividades en recintos cerrados. Esta medida se basa en el Decreto de Orden Público No. 188 de 2026 y busca salvaguardar el orden público antes de la jornada electoral. La responsabilidad de hacer cumplir esta directriz recae en las autoridades de policía y administración pública local, quienes se exponen a investigaciones disciplinarias en caso de incumplimiento. Paralelamente, el CNE se encuentra en medio de un debate interno sobre cómo abordar denuncias de presuntas violaciones a la ley electoral, específicamente relacionadas con actos de campaña de Iván Cepeda en periodo restringido. Magistrados han expresado posturas divergentes sobre la necesidad de pronunciarse institucionalmente ante hechos conocidos públicamente, incluso sin denuncias formales, mientras otros insisten en seguir los procedimientos establecidos y esperar las radicaciones. La tensión política se incrementa con denuncias sobre presión de grupos armados en algunas regiones y cuestionamientos sobre la participación de funcionarios públicos en política, incluyendo mensajes del presidente Gustavo Petro que algunos sectores interpretan como respaldo a un candidato. La Comisión Nacional de Seguimiento y Garantías Electorales se reunió en Cartagena para revisar estas preocupaciones y asegurar la transparencia y seguridad de los comicios.

Análisis político

Se observa una estrategia del CNE por reafirmar su autoridad y control sobre el proceso electoral en su recta final, emitiendo directrices claras sobre la realización de eventos y buscando delimitar competencias frente a denuncias. La discusión interna sobre cómo actuar ante presuntas violaciones, especialmente en la campaña de Iván Cepeda, revela una tensión entre la necesidad de una respuesta institucional rápida y el apego a los procedimientos formales. Esto puede ser interpretado como una maniobra para evitar acusaciones de parcialidad o inacción, mientras se navega en un ambiente de alta polarización. El candidato Iván Cepeda y su campaña parecen ganar visibilidad, tanto por las denuncias en su contra como por el debate que generan sus actividades, lo que podría movilizar a su base electoral. Por otro lado, quienes denuncian o cuestionan estas acciones buscan generar una narrativa de irregularidad y presunta ventaja ilícita, apelando a la intervención de las autoridades electorales. El gobierno nacional, a través de mensajes presidenciales, también se posiciona, generando controversia y alimentando la polarización, mientras que otras campañas como la de Paloma Valencia enfrentan desafíos legales que podrían afectar su participación.