El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha abierto una investigación administrativa y formulado cargos contra la firma encuestadora Invamer. La decisión se basa en presuntas irregularidades y vulneraciones al régimen legal y reglamentario aplicable a encuestas de opinión política y electoral. La investigación surge tras un informe técnico que señala posibles inconsistencias metodológicas y de soporte estadístico en un estudio sobre democracia realizado por Invamer en 2025. Los señalamientos incluyen cuestionamientos sobre el diseño muestral, la verificabilidad y replicabilidad de los resultados, la ausencia de soportes cuantitativos suficientes para el efecto de diseño, y la alteración de probabilidades de inclusión por controles sociodemográficos. El CNE advierte que estos aspectos podrían afectar la confiabilidad de la información difundida y la formación de la opinión electoral, lo cual es relevante en escenarios preelectorales. Invamer tiene 15 días hábiles para presentar sus descargos y pruebas ante el organismo electoral. De no hacerlo, podría enfrentar sanciones que van desde multas hasta la suspensión o prohibición del ejercicio de su actividad, según lo estipula la ley. Esta actuación administrativa revive el debate sobre los controles técnicos a las encuestas en Colombia.

Análisis político

La apertura de investigación y formulación de cargos contra Invamer por parte del CNE evidencia una estrategia de control y regulación sobre las encuestadoras, especialmente en el contexto preelectoral. El organismo busca garantizar la transparencia y confiabilidad de los sondeos que influyen en la percepción ciudadana y el comportamiento político. Quien gana con esta acción es el propio CNE, al ejercer su rol de vigilancia y fortalecer su autoridad regulatoria. Invamer, por su parte, se encuentra en una posición de debilidad, debiendo defenderse de señalamientos técnicos que podrían afectar su reputación y operación. La narrativa del CNE se centra en la necesidad de rigor metodológico y la protección de la opinión pública, mientras que Invamer deberá construir una defensa técnica que desvirtúe las presuntas inconsistencias y demuestre el cumplimiento de la normativa vigente.