Cinco integrantes de la Armada Nacional resultaron heridos tras un ataque con artefactos explosivos lanzados desde drones en el corregimiento de Belén de Docampadó, zona rural del municipio de Bajo Baudó, en el departamento del Chocó. Los hechos ocurrieron mientras se desarrollaban operaciones militares en la región, y los uniformados heridos fueron evacuados a un hospital de alta complejidad en Buenaventura. La Armada Nacional rechazó el ataque, calificándolo de terrorista y una violación al Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, anunciando la interposición de una denuncia. El ataque, atribuido a presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene presencia en la zona, eleva la preocupación por el uso creciente de drones cargados con explosivos por parte de grupos al margen de la ley. Según autoridades, entre abril de 2024 y febrero de 2026, se han registrado 418 ataques con drones en el país, lo que representa un desafío para la seguridad y aumenta el riesgo para la población civil. Este incidente se suma a otros hechos de violencia en la región, incluyendo un ataque contra el Buque Hospital Benkos Biohó, que presta servicios médicos a comunidades apartadas. El Ministerio de Salud condenó este último ataque, reiterando el llamado a respetar la Misión Médica y sus componentes, conforme al Derecho Internacional Humanitario.

Análisis político

El uso de drones cargados con explosivos por parte del ELN evidencia una estrategia de adaptación tecnológica para incrementar su capacidad ofensiva y generar un mayor impacto en sus ataques contra la fuerza pública. Esta táctica busca no solo infligir daño físico, sino también generar un efecto disuasorio y de intimidación, al tiempo que se aprovecha la dificultad de detección y defensa contra este tipo de armamento. La rápida respuesta de la Armada Nacional, condenando el hecho y anunciando acciones legales, busca reafirmar su postura de no tolerancia ante actos terroristas y su compromiso con la seguridad. El ELN, al perpetrar este ataque, busca presionar al gobierno y demostrar su capacidad de acción en zonas estratégicas como el Chocó, una región clave por su conectividad y recursos. Por otro lado, el Ministerio de Salud, al condenar el ataque al buque hospital, construye una narrativa de protección a la misión médica y a la población civil vulnerable, buscando generar un consenso nacional e internacional sobre la necesidad de respetar el DIH. La Fuerza Pública, por su parte, se posiciona como garante de la seguridad y defensora de los derechos humanos frente a la barbarie de los grupos armados.