Cinco personas, incluyendo al exalcalde de Guachené, Jesús Elver González alias 'Chucho', fueron capturadas con fines de extradición en operativos conjuntos entre la Policía Nacional y la DEA. Las detenciones se llevaron a cabo en La Guajira, Norte de Santander y Valle del Cauca. Se les señala de pertenecer a una red transnacional dedicada al envío de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos, con alianzas con carteles mexicanos, el ELN y el Clan del Golfo. La red criminal, según las investigaciones, tenía la capacidad de movilizar más de cinco toneladas mensuales de cocaína y habría instalado laboratorios clandestinos para la producción de fentanilo. También se evidenciaron operaciones de lavado de activos mediante criptoactivos y la modalidad de peso bróker entre Colombia, México y Estados Unidos. En Chicago se incautaron 200 mil dólares y 16 kilos de fentanilo. El presidente Gustavo Petro informó sobre las capturas y afirmó que "la política sigue siendo el empoderador del crimen". Además, alertó sobre el ingreso de ketamina ilegal a Colombia a través de Ecuador, utilizando rutas terrestres y portuarias, señalando que camiones con miles de unidades han sido interceptados.

Análisis político

Se observa la estrategia de desarticulación de redes transnacionales de narcotráfico, destacando la colaboración entre autoridades colombianas y estadounidenses (DEA). La captura del exalcalde y su vinculación con carteles mexicanos, así como la mención de alianzas con grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo, evidencia la complejidad de las organizaciones criminales y su infiltración en esferas políticas locales. La declaración presidencial sobre la política como "empoderador del crimen" busca vincular el accionar criminal con la esfera política, generando una narrativa de lucha contra la corrupción y el crimen organizado. El presidente Petro se posiciona como un actor que lidera acciones contundentes contra el narcotráfico, utilizando la información para generar un impacto mediático y político. Los grupos criminales y los actores políticos vinculados directamente con el exalcalde pierden credibilidad y enfrentan consecuencias judiciales. La narrativa oficial se centra en la efectividad de las operaciones conjuntas y la alerta sobre nuevas rutas de drogas sintéticas, buscando fortalecer la imagen de control y seguridad del gobierno. Se construyen narrativas distintas al señalar la política como facilitadora del crimen, mientras se resalta la acción de las autoridades.