Autoridades realizaron un operativo en Cartagena contra el candidato presidencial Santiago Botero Jaramillo, un día antes de las elecciones, tras un dictamen de medidas provisionales de protección por presunta violencia intrafamiliar. La denuncia fue interpuesta por su esposa, Manuela Echeverri Hoyos, quien solicitó las medidas ante la Comisaría de Familia. Botero habría desalojado a su esposa y a su hijo de 10 meses de la vivienda, prohibiéndoles el ingreso y amenazando a los abogados de Echeverri. La medida de protección emitida por la Comisaría de Familia de Cartagena busca garantizar la seguridad del menor y de la presunta víctima, prohibiendo a Botero permanecer o acudir a lugares donde se encuentren. El niño fue enviado a un hogar de paso mientras se resuelve la situación. La denuncia, presentada hace aproximadamente un mes, incluye presuntos hechos de violencia psicológica y económica, además de amenazas de muerte y el uso de un arma de fuego. El candidato se opuso al procedimiento, negándose a abrir la puerta del apartamento y lanzando amenazas contra las autoridades. Finalmente, se requirió el uso de un cerrajero para ingresar a la vivienda. Botero, por su parte, ha rechazado las acusaciones, calificándolas como un ataque político y negando tener pruebas en su contra, mientras que un video viralizado lo muestra haciendo declaraciones violentas en el pasado.

Análisis político

Se observa la estrategia de las autoridades de Familia de actuar con celeridad ante una denuncia de violencia intrafamiliar, emitiendo medidas de protección y ordenando el desalojo del candidato, incluso en un contexto electoral sensible. La defensa del candidato intenta desviar la atención hacia una supuesta persecución política, buscando desacreditar la denuncia y presentarse como víctima de un ataque orquestado. La difusión de un video antiguo con declaraciones violentas por parte del candidato busca debilitar su imagen pública y reforzar la narrativa de la denuncia. Santiago Botero pierde credibilidad y enfrenta un escándalo que podría afectar su ya baja intención de voto, mientras que su esposa, Manuela Echeverri, y su defensa ganan terreno al lograr la protección de las autoridades y la restitución en su hogar. La Comisaría de Familia actúa como un actor clave al aplicar la ley, independientemente de la condición política del denunciado. Las narrativas contrapuestas se centran en la violencia doméstica versus la persecución política, buscando influir en la opinión pública a un día de las elecciones.