Las candidatas presidenciales Claudia López y Paloma Valencia han lanzado fuertes advertencias sobre las garantías electorales y la situación de seguridad en Colombia, a 18 días de las elecciones presidenciales. Ambas aspirantes coincidieron en denunciar presiones armadas, participación política desde el Gobierno y un deterioro del orden público en varias regiones del país. Paloma Valencia aseguró que en municipios del Cauca, grupos armados estarían intimidando a la población para influir en el voto a favor de Iván Cepeda, señalando que la situación es especialmente grave en zonas como Argelia y El Tambo. Claudia López, por su parte, afirmó que "no hay garantías" para competir por la Presidencia y denunció "proselitismo armado rampante", criticando la inacción de las autoridades ante las alertas de la Defensoría del Pueblo. Las declaraciones de ambas aspirantes reabren el debate sobre las condiciones democráticas de cara a los comicios, especialmente en regiones afectadas por violencia y presencia de grupos armados. La seguridad en territorios como el Pacífico colombiano y el Cauca vuelve a ubicarse en el centro de la discusión nacional a menos de tres semanas de las urnas.

Análisis político

Se observa una estrategia de las candidatas López y Valencia de centrar la campaña en la denuncia de irregularidades y la inseguridad, buscando capitalizar el temor y la desconfianza hacia el proceso electoral y la política de "paz total" del gobierno. Valencia, en particular, se posiciona como la alternativa de mano dura frente a los grupos armados, proponiendo fortalecer el Estado y rechazar negociaciones, mientras critica a Iván Cepeda por su rol en la "paz total". López, por su parte, denuncia la intervención del gobierno y la falta de controles, buscando diferenciarse de la administración actual. Paloma Valencia y Claudia López buscan presentarse como las únicas capaces de garantizar orden y seguridad, apelando a un electorado preocupado por la violencia y la influencia de grupos armados. Iván Cepeda, por otro lado, se ve en la necesidad de defender su gestión en la "paz total" y responder a las acusaciones de connivencia con grupos armados, mientras que el gobierno es señalado como responsable de la situación. La narrativa de Valencia se enfoca en el "combate a los violentos" y la "recuperación de la autoridad", mientras que López apunta a la falta de garantías y el clientelismo.