La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia anunció su intención de nombrar al expresidente Álvaro Uribe como ministro de Defensa en un eventual gobierno. Valencia realizó esta declaración durante un evento en Santa Rosa de Osos, Antioquia, reiterando su propuesta de revivir la política de "seguridad democrática". La candidata también criticó duramente la política de "paz total" del actual gobierno, calificándola de "vagabundería" y asegurando que bajo su mandato se acabará para dar paso a la "seguridad total". En paralelo, Valencia viajó a Palmira, Valle del Cauca, en medio de una crisis de orden público, donde atribuyó los recientes atentados terroristas a la "paz total". Desde allí, prometió militarizar la vía Cali-Popayán-Cauca-Rumichaca y buscar la integración de Colombia al Escudo de las Américas para combatir el narcotráfico. El expresidente Uribe acompañó a Valencia en esta visita, criticando la "permisividad con el bandido" del gobierno actual y respaldando a Valencia como "la única opción para derrotar a los criminales". Adicionalmente, el Gobierno Nacional informó a Paloma Valencia sobre un plan para asesinarla, presuntamente orquestado por disidencias de las FARC, con una recompensa de 2.000 millones de pesos. La candidata aseguró que esta amenaza no la amedrentará y que su agenda de campaña continuará. La noticia surge a menos de un mes de las elecciones presidenciales, en un contexto de intensificación de la violencia en el suroccidente del país.

Análisis político

La estrategia política de Paloma Valencia se centra en capitalizar el legado de "seguridad democrática" del expresidente Álvaro Uribe, proponiéndolo incluso para un cargo clave como el Ministerio de Defensa. Esta jugada busca movilizar a la base uribista y atraer a sectores de derecha que se sienten insatisfechos con la política de "paz total" del gobierno actual. Al vincularse estrechamente con Uribe y su política insignia, Valencia busca diferenciarse de sus oponentes y presentarse como la opción más firme en materia de orden público, apelando a un sentimiento de nostalgia por un período percibido como más seguro. Con esta propuesta, Paloma Valencia se posiciona como la principal heredera del uribismo, buscando consolidar el voto de derecha y atraer a sectores del "centro" que priorizan la seguridad. Quien gana con esta estrategia es principalmente Valencia y el uribismo, al reactivar su discurso y figura central. Por otro lado, el gobierno de Gustavo Petro y sus aliados pierden terreno en la narrativa de seguridad, siendo constantemente señalados como responsables del deterioro del orden público. Las disidencias de las FARC, por su parte, son presentadas como el principal enemigo, lo que refuerza la narrativa de Valencia y desvía la atención de otros factores.

La candidata presidencial Paloma Valencia denunció haber sido informada por el Gobierno Nacional sobre un plan para asesinarla, presuntamente orquestado por disidencias de las FARC. Esta revelación se produce en el contexto de una reciente ola de atentados en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, que dejaron múltiples víctimas mortales y heridos. Valencia criticó duramente la política de seguridad del actual gobierno, calificándola de negligente y cómplice del narcoterrorismo, y acusó al presidente de minimizar la crisis. Ante la escalada de violencia, Valencia suspendió su agenda de campaña en Antioquia para dirigirse al suroccidente del país junto al expresidente Álvaro Uribe. Otros aspirantes presidenciales también reaccionaron a los ataques, expresando solidaridad con las víctimas y cuestionando la efectividad de la política de "paz total" del gobierno. Algunos señalaron que esta política ha debilitado la autoridad del Estado y permitido el fortalecimiento de grupos criminales. Paralelamente, se conoció una presunta amenaza de atentado contra Valencia en Bogotá, atribuida al ELN, según interceptaciones de comunicaciones. El Ministerio de Defensa confirmó haber alertado a varios candidatos, incluida Valencia, sobre posibles riesgos, aunque el presidente Petro desmintió parte de la información sobre la amenaza específica contra Valencia, sugiriendo que se trataba de una disputa entre delincuentes.

Análisis político

Se observa una estrategia de confrontación directa de la candidata Paloma Valencia hacia el gobierno actual, utilizando la ola de atentados y las amenazas a su seguridad como plataforma para criticar la política de "paz total" y la gestión de orden público. Valencia busca capitalizar el temor y la indignación generados por la violencia para movilizar a su base electoral y atraer a votantes del "centro" que se sienten desencantados con los extremos. La denuncia de un plan para asesinarla, comunicada por altos funcionarios del gobierno, le otorga un peso significativo a su discurso y la posiciona como víctima de un sistema que, según ella, protege a los criminales. Con esta coyuntura, Paloma Valencia se posiciona como una figura fuerte de la oposición, ganando visibilidad y reforzando su narrativa de "mano dura" contra la criminalidad. Quien pierde en este escenario es el gobierno, que enfrenta críticas por la escalada de violencia y se ve obligado a defender su política de seguridad, mientras que otros candidatos como Iván Cepeda y Sergio Fajardo también critican la "paz total" pero desde un enfoque distinto, buscando diferenciarse de la polarización entre Valencia y el ejecutivo. Las narrativas se construyen en torno a la seguridad, la efectividad de las políticas de paz y la responsabilidad del gobierno ante la crisis.