Un avión de la Policía Nacional fue blanco de un ataque con ráfagas de fusil el 22 de mayo mientras sobrevolaba el municipio de Ocaña, Norte de Santander. La aeronave, que cubría la ruta Ocaña-Bogotá, aterrizó de forma segura en el aeropuerto El Dorado de la capital. Tres uniformados resultaron heridos por esquirlas, pero sus lesiones fueron calificadas como leves y se encuentran estables tras recibir atención médica. En la aeronave viajaban 14 funcionarios de la institución, incluyendo cuatro tripulantes y diez pasajeros. Los demás ocupantes resultaron ilesos. La Policía Nacional rechazó contundentemente el ataque, calificándolo como un hecho criminal que puso en riesgo la vida de sus uniformados y afectó la seguridad operacional. Se activaron todas las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para identificar y capturar a los responsables. El incidente ocurre en un contexto de alta violencia en Norte de Santander, donde grupos armados se disputan rutas de narcotráfico. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer los detalles del ataque y las afectaciones a la aeronave, mientras se refuerza la seguridad en la región.

Análisis político

El ataque a la aeronave policial en Ocaña evidencia la persistente confrontación entre el Estado y los grupos armados ilegales en regiones como Norte de Santander. La rápida activación de capacidades operativas e investigativas por parte de la Policía Nacional busca enviar un mensaje de contención y control territorial, mientras que la difusión de la información sobre los heridos leves y el aterrizaje seguro de la aeronave intenta mitigar el impacto negativo en la percepción pública sobre la seguridad. La narrativa oficial se centra en la condena del acto criminal y la búsqueda de los responsables, buscando legitimar la acción estatal frente a la violencia. Por otro lado, la presencia de grupos armados como el ELN y disidencias en la zona, mencionada en algunos reportes, sugiere una disputa territorial y de economías ilícitas que se intensifica, poniendo en riesgo no solo a la fuerza pública sino también a la población civil y líderes sociales, como se evidencia en otros hechos violentos ocurridos en la misma región.