La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá ha intensificado los operativos contra quirófanos clandestinos y centros estéticos ilegales, alertando sobre el aumento de procedimientos realizados en sitios no autorizados. Entre enero de 2025 y mayo de 2026, se recibieron 282 quejas, 194 de ellas relacionadas con establecimientos no habilitados. Las autoridades han realizado cientos de operativos y visitas, identificando y cerrando lugares que operan sin las mínimas condiciones de seguridad e higiene, a menudo tras denuncias ciudadanas o reportes de pacientes con complicaciones graves. Se reitera el llamado a la ciudadanía para verificar la habilitación de establecimientos y profesionales antes de someterse a cualquier procedimiento. La Superintendencia Nacional de Salud ha escalado la preocupación, requiriendo reportes detallados a las secretarías de salud y convocando a una mesa técnica nacional. El objetivo es reforzar el seguimiento, la inspección y definir acciones coordinadas para proteger a la ciudadanía ante el aumento de procedimientos invasivos realizados al margen de la ley. Se enfatiza la prioridad de la seguridad del paciente y el derecho a la salud, instando a la verificación de habilitaciones y registros profesionales como el RETHUS. En Antioquia, se han cerrado 64 centros estéticos por irregularidades sanitarias, sumando 379 casos con complicaciones en procedimientos recientes, aunque la cifra de fallecimientos ha disminuido. Las inspecciones se basan en fallas higiénicas, incumplimiento de normas y monitoreo de redes sociales. Se recuerda que las cirugías estéticas solo deben practicarse en instituciones habilitadas, y se han habilitado canales para que la ciudadanía denuncie posibles irregularidades.

Análisis político

Se observa una estrategia coordinada entre diferentes niveles de gobierno (Distrital, Nacional y Departamental) para abordar la problemática de los centros estéticos ilegales. La acción se articula a través de operativos de inspección, vigilancia y control, la emisión de alertas sanitarias, la conformación de mesas técnicas y la habilitación de canales de denuncia ciudadana. El objetivo es doble: por un lado, proteger la salud pública y, por otro, ejercer autoridad y control sobre un sector que presenta riesgos significativos y que, en muchos casos, opera al margen de la legalidad. La respuesta institucional busca generar confianza y demostrar capacidad de respuesta ante la preocupación ciudadana, exacerbada por casos de complicaciones y fallecimientos. La narrativa construida por las autoridades se centra en la protección del ciudadano y la aplicación de la ley, promoviendo la verificación de habilitaciones y registros como una responsabilidad compartida. Quienes ganan con esta situación son las entidades de control y regulación, que refuerzan su rol y visibilidad, así como los establecimientos y profesionales legalmente constituidos que operan bajo los estándares de calidad. Por otro lado, pierden los operadores de centros clandestinos y aquellos ciudadanos que, por desconocimiento o por buscar opciones más económicas, se exponen a riesgos. La estrategia política busca posicionar a las administraciones como garantes de la seguridad y la salud, respondiendo a una demanda social de mayor control y transparencia en el sector de la estética.