Dos informes de auditoría del Consejo Nacional Electoral (CNE) han recomendado la suspensión del registro de Atlas Intel en Colombia. Las auditorías señalan presuntas irregularidades metodológicas y normativas en la publicación de sondeos de intención de voto, argumentando que no cumplen con los parámetros de una encuesta probabilística según la Ley 2494 de 2025. Se cuestiona la validez de sus estudios, especialmente uno que daba como ganador a Abelardo de la Espriella en una hipotética segunda vuelta. Los informes detallan que el método empleado por Atlas Intel, denominado "Atlas Random Digital Recruitment", fue calificado como incompatible con la ley al carecer de control probabilístico. Se menciona que la firma ya había recibido advertencias previas, configurando reincidencia. La Red de Veedurías de Colombia también solicitó una medida cautelar inmediata contra la encuestadora, argumentando que la difusión de estos sondeos podría incidir indebidamente en la opinión pública y distorsionar la voluntad democrática. El presidente del CNE, Cristian Quiroz, aclaró que la Comisión de Encuestas es un órgano asesor y que la decisión final recae en la sala plena del Consejo, la cual aún no se ha pronunciado sobre Atlas Intel. Sin embargo, la polémica ha llevado a otras encuestadoras, como GAD 3, a suspender sus publicaciones en el país, citando exigencias metodológicas inviables en la nueva ley de encuestas.

Análisis político

Se observa una estrategia de escrutinio y regulación intensificada sobre las encuestadoras, impulsada por la entrada en vigor de una nueva ley que busca normar los estudios de opinión. Por un lado, la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del CNE actúa como un órgano de control que identifica y recomienda sanciones, buscando aplicar rigurosamente la normativa. Por otro lado, la defensa de Abelardo de la Espriella utiliza los resultados de Atlas Intel para construir una narrativa de favoritismo y de "opción segura" frente a otras mediciones, mientras cuestiona la "intención política" de otras firmas. La encuestadora Atlas Intel y su filial colombiana parecen ser los principales perdedores inmediatos, enfrentando la posibilidad de suspensión de su registro y cuestionamientos sobre su metodología. Quienes ganan con esta situación son aquellos actores que buscan generar un debate sobre la transparencia y fiabilidad de las encuestas, como la Red de Veedurías, y potencialmente, los candidatos cuyas mediciones no se ven afectadas por estas controversias. La narrativa construida por Atlas Intel y De la Espriella busca desacreditar a otras encuestadoras y posicionar su estudio como el único "acertado", mientras que las autoridades electorales y veedurías buscan asegurar la equidad del proceso democrático.

Dos informes de auditoría de la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del Consejo Nacional Electoral (CNE) han recomendado la suspensión del registro de operación de Atlas Intel en Colombia. Estas auditorías señalan presuntas irregularidades metodológicas y normativas en estudios electorales publicados por la firma, que no cumplirían con la Ley 2494 de 2025. La controversia se centra en la publicación de sondeos no probabilísticos presentados como encuestas, lo cual estaría prohibido por la ley y podría incidir indebidamente en la opinión pública. Los informes detallan hallazgos como la publicación prohibida de resultados de intención de voto provenientes de sondeos digitales, entrega tardía de resultados al CNE, inconsistencias en fichas técnicas y cuestionamientos al margen de error publicado. Se argumenta que el método empleado por Atlas Intel carece de control probabilístico y no es representativo del electorado. La Red de Veedurías de Colombia también ha solicitado una medida cautelar inmediata contra la firma, argumentando que estas prácticas comprometen la transparencia del proceso democrático y distorsionan la voluntad del elector. El presidente del CNE, Cristian Quiroz, ha aclarado que la Comisión de Encuestas es un órgano asesor y que la decisión final sobre una posible sanción a Atlas Intel recae en la Sala Plena del Consejo. Si bien existen recomendaciones de suspensión, hasta el momento no hay una decisión tomada por los magistrados. El CNE estudiará los informes en las próximas semanas, haciendo un llamado a todas las firmas encuestadoras a cumplir con la nueva ley para garantizar la transparencia en los procesos electorales.

Análisis político

Se observa una estrategia de control y regulación del CNE sobre las firmas encuestadoras, buscando aplicar la Ley 2494 de 2025 para asegurar la transparencia y veracidad de los estudios electorales. La recomendación de suspender a Atlas Intel, basada en informes técnicos, busca establecer un precedente y advertir sobre las consecuencias del incumplimiento normativo. Por un lado, el CNE y quienes apoyan la regulación ganan credibilidad al demostrar acción frente a las irregularidades. Por otro lado, firmas como Atlas Intel y candidatos que podrían verse beneficiados por sus sondeos, como Abelardo de la Espriella, pierden al enfrentar cuestionamientos sobre la fiabilidad de sus mediciones y al ver limitada su capacidad de influir en la opinión pública a través de estudios no verificables. Las narrativas construidas difieren significativamente. Por un lado, se presenta la acción del CNE y la Red de Veedurías como una defensa de la democracia y la información veraz, protegiendo al elector de la manipulación. Se enfatiza la necesidad de encuestas serias y rigurosas. Por otro lado, la defensa de Atlas Intel y algunos candidatos sugiere que las críticas buscan una "intención política de manipular la voluntad" del electorado y que sus mediciones son las únicas "acertadas", contrastando con otras encuestadoras que, según ellos, buscan distorsionar la realidad. La filial colombiana de Atlas Intel, operando independientemente, también busca desvincularse de posibles sanciones a la matriz internacional.

Dos informes de auditoría de la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del Consejo Nacional Electoral (CNE) han recomendado la suspensión del registro de AtlasIntel en Colombia. Las auditorías señalan graves irregularidades metodológicas y normativas en la publicación de sondeos sobre intención de voto presidencial, argumentando que la firma habría incumplido la Ley 2494 de 2025. Estos hallazgos cuestionan la validez de los estudios y la representatividad estadística de los mismos. Los informes detallan que los estudios auditados corresponden a sondeos no probabilísticos de reclutamiento digital, lo cual está prohibido para la divulgación de resultados electorales según la ley colombiana. Además, se cuestiona el margen de error publicado y se señalan otras inconsistencias como la entrega tardía de resultados al CNE y la falta de declaración sobre aportes a campañas. La situación se agrava por advertencias previas a la firma, configurando reincidencia y llevando a la propuesta de medidas cautelares preventivas. La controversia ha escalado con una solicitud de medida cautelar inmediata radicada ante el CNE por la Red de Veedurías de Colombia, que busca una intervención urgente para proteger la transparencia del proceso democrático. La organización advierte que la actuación de AtlasIntel podría estar incidiendo indebidamente en la opinión pública, distorsionando la voluntad democrática y afectando la equidad de la contienda electoral.

Análisis político

Se observa una estrategia de defensa por parte de AtlasIntel y algunos de sus voceros, quienes descalifican a otras encuestadoras y defienden la fiabilidad de sus propios estudios, presentándolos como la única opción veraz frente a una supuesta "intención política de manipular la voluntad" del electorado. Por otro lado, las auditorías del CNE y las denuncias de veedurías configuran una estrategia de control y regulación, buscando aplicar la ley y garantizar la transparencia electoral. El candidato Abelardo de la Espriella parece ser el principal beneficiado por los sondeos de AtlasIntel, mientras que las entidades reguladoras y otras firmas encuestadoras se posicionan como contrapeso. Las narrativas construidas son divergentes: mientras AtlasIntel y sus aliados defienden la legitimidad de sus métodos y resultados, las auditorías y denuncias apuntan a una manipulación de percepciones y una afectación a la equidad de la contienda. Los actores que promueven la suspensión buscan consolidar la idea de que la democracia no puede basarse en cifras distorsionadas y que se requieren encuestas serias. La decisión final del CNE será crucial para definir quién gana o pierde credibilidad en este debate, impactando la percepción pública sobre la fiabilidad de las mediciones electorales y la confianza en el proceso democrático.