Un ataque con explosivos perpetrado en la madrugada del 27 de mayo contra el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena en Riohacha, La Guajira, dejó al menos 12 soldados heridos. Las autoridades atribuyen preliminarmente el hecho al Ejército de Liberación Nacional (ELN), señalando que la acción criminal atentó contra la tranquilidad y seguridad de la región. El incidente provocó daños materiales en las instalaciones militares, incluyendo la zona de dormitorios, y generó pánico entre los habitantes de barrios aledaños debido a la onda expansiva. En respuesta al atentado, tropas del Ejército Nacional desplegaron operativos en la zona para reforzar la seguridad y coordinaron con la Policía Nacional para intensificar patrullajes y labores de búsqueda de los responsables. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó el acto como un crimen de lesa humanidad y una violación de los derechos humanos, además de ofrecer una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita capturar a los autores. El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, también condenó el ataque y reiteró el compromiso de combatir las estructuras criminales. El ataque ocurre a pocos días de las elecciones presidenciales y poco antes del inicio de una tregua unilateral anunciada por el ELN. Habitantes de Riohacha expresaron su angustia y exigieron mayor seguridad al Gobierno Nacional, relatando el miedo vivido durante la explosión. Las autoridades anunciaron un consejo extraordinario de seguridad para evaluar medidas ante el aumento de acciones violentas en el país, mientras se adelantan investigaciones para esclarecer los hechos y judicializar a los responsables.

Análisis político

El atentado en Riohacha evidencia una estrategia del ELN de generar acciones violentas como respuesta a los golpes recibidos por la Fuerza Pública, buscando mantener la presión y visibilidad en un contexto de elecciones presidenciales. El gobierno, por su parte, reacciona con condenas enérgicas, calificando el hecho como crimen de lesa humanidad y ofreciendo recompensas, buscando proyectar una imagen de firmeza y control ante la opinión pública y la comunidad internacional. El ELN busca construir una narrativa de resistencia y capacidad de respuesta, mientras que el gobierno y las Fuerzas Militares enfatizan la naturaleza criminal y cobarde del acto, vinculándolo a la debilidad del grupo armado ante la ofensiva estatal. El procurador general se suma a la exigencia de justicia y garantías para los ciudadanos, posicionándose como garante de los derechos humanos. La población civil, a través de sus relatos, construye una narrativa de victimización y urgencia por seguridad, demandando acciones concretas al Estado.