En el corregimiento de Santiago Pérez, municipio de Ataco, sur del Tolima, se registró una asonada contra unidades del Ejército Nacional y la Policía. Los hechos ocurrieron mientras la fuerza pública adelantaba operativos contra la minería ilegal, una actividad que ha crecido considerablemente en la región y es fuente de financiación para grupos armados ilegales. La intervención militar buscaba desarticular complejos de extracción ilícita de oro. La situación escaló cuando cientos de personas, identificadas como mineros ilegales, rodearon a los uniformados, impidiendo el avance de la diligencia. Los civiles atacaron a las tropas con piedras, palos y machetes, resultando en la lesión de trece militares. Adicionalmente, dos vehículos oficiales, incluyendo un camión tipo NPR de la Policía, fueron incendiados, poniendo en riesgo la integridad de los uniformados y afectando la acción de las autoridades. El Ejército Nacional rechazó enérgicamente estos actos violentos, calificándolos como un atentado contra la institucionalidad y un obstáculo para las operaciones de protección de recursos naturales y restablecimiento de la legalidad. La gobernadora del Tolima había reportado previamente la existencia de aproximadamente 5.000 personas dedicadas a la extracción ilegal de oro en la zona, con más de 300 retroexcavadoras.

Análisis político

Se observa una estrategia de confrontación directa por parte de quienes se benefician de la minería ilegal, quienes buscan obstaculizar las operaciones militares mediante la movilización y agresión a la fuerza pública. Esta táctica busca generar un ambiente de caos y desorden que dificulte la acción estatal. Los militares y la Policía, por su parte, buscan restablecer la legalidad y proteger los recursos naturales, enfrentándose a una resistencia violenta que pone en riesgo su integridad y la legitimidad de sus acciones. Los mineros ilegales y las estructuras armadas que se lucran de esta actividad son los principales actores que pierden con la operación militar, mientras que el Ejército y la Policía, a pesar de los ataques, buscan ganar legitimidad al defender el Estado de derecho. Las narrativas se contraponen: por un lado, se denuncia la violencia y el atentado contra la institucionalidad; por otro, se evidencia la resistencia comunitaria ante lo que podría ser percibido como una amenaza a su sustento, aunque este sea ilícito y financie grupos criminales.