El expresidente Álvaro Uribe Vélez se enfrentó a manifestantes frente a su residencia en Llanogrande, Rionegro, quienes realizaban un mural sobre víctimas del conflicto armado y falsos positivos. La situación obligó a Uribe a suspender su agenda política en Medellín y regresar a su vivienda, manifestando sentirse amenazado y que su familia estaba en riesgo. El expresidente calificó el acto como una provocación de violencia y procedió a borrar parte del mural. El grupo de activistas, acompañado por el representante electo Hernán Muriel del Pacto Histórico, afirmó que la actividad tenía un carácter simbólico y buscaba visibilizar la memoria de víctimas y madres buscadoras. Muriel señaló que la intervención buscaba acompañar a madres buscadoras y visibilizar casos de desapariciones. La tensión escaló con la llegada de simpatizantes del uribismo y cruces verbales, aunque las autoridades no reportaron capturas ni violencia física. El expresidente Iván Duque condenó la protesta como una "agresión cobarde y miserable" y una estrategia de intimidación política. Por su parte, el presidente Gustavo Petro defendió el derecho a la protesta, afirmando que un mural no constituye una amenaza, y criticó la reacción de Uribe, tildándolo de "autócrata y dictador".

Análisis político

Se observa una estrategia de confrontación directa por parte del expresidente Uribe, quien interviene personalmente en la manifestación y la califica como una provocación, señalando a figuras de la oposición como Iván Cepeda y Hernán Muriel como instigadores. Por otro lado, el Pacto Histórico, a través de Muriel, busca enmarcar la acción como un acto de memoria histórica y pedagogía, defendiendo el derecho a la protesta. La narrativa uribista se centra en la amenaza a la familia y la seguridad, mientras que la narrativa del Pacto Histórico y el gobierno se enfoca en la memoria de las víctimas y el derecho a la manifestación pacífica. El expresidente Uribe y sus simpatizantes ganan visibilidad al presentarse como víctimas de hostigamiento y al movilizar una respuesta rápida, reforzando su discurso de seguridad y orden. El Pacto Histórico y el gobierno, por su parte, buscan posicionarse como defensores de la memoria histórica y los derechos ciudadanos, aunque la confrontación directa puede generar divisiones. El expresidente Duque se alinea con Uribe, reforzando la narrativa de defensa de la democracia frente a lo que consideran actos de intimidación.