El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha elevado la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de El Niño en Colombia a un 82%, con proyecciones que sugieren una intensidad fuerte o muy fuerte. Las condiciones climáticas anómalas, incluyendo el aumento de temperaturas y la disminución de lluvias, se esperan a partir del trimestre mayo-junio-julio y podrían intensificarse hacia finales de año. Esta situación genera preocupación en diversos sectores, especialmente en el energético y el agropecuario, ante la posibilidad de afectaciones significativas. La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, ha confirmado la certeza científica de la llegada del fenómeno, respaldada por anomalías térmicas medibles en el Océano Pacífico. Se descarta la posibilidad de un episodio moderado, anticipando uno de mayor impacto que podría ser comparado con eventos históricos como los de 1997-1998 o 2015-2016. Las regiones Caribe y Andina son identificadas como las más vulnerables a la sequía y al aumento de temperaturas, con alertas tempranas sobre incendios forestales y afectaciones a la producción ganadera. Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo ha exigido al Estado la implementación de acciones preventivas y de mitigación de riesgos, recordando que el 85% de los desastres en Colombia tienen origen climático. Se insta a las autoridades a fortalecer la planificación y coordinación interinstitucional para garantizar derechos fundamentales como la vida, la salud y el acceso al agua, previniendo así posibles crisis energéticas y alimentarias.

Análisis político

Se observa una estrategia de anticipación y alerta temprana por parte de las entidades científicas y de control, como el Ideam y la Defensoría del Pueblo, buscando presionar al gobierno y a las autoridades locales para que tomen medidas preventivas. El Ideam construye una narrativa de urgencia científica, presentando datos y probabilidades para justificar la necesidad de acción. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo refuerza esta narrativa al enfatizar la obligación estatal y la vulnerabilidad del país, posicionándose como un ente de control que exige cumplimiento. El Ministerio de Minas y Energía, a través del ministro Edwin Palma, también se suma a la construcción de una narrativa de preparación, anunciando una hoja de ruta con 50 acciones concretas para garantizar la confiabilidad del sistema energético. Quien gana con esta situación es el sector científico y de control, al visibilizar su rol y la importancia de sus advertencias. Los pequeños productores agropecuarios y los consumidores podrían perder ante el posible aumento de precios de alimentos y la afectación de sus medios de subsistencia. La narrativa oficial busca mostrar proactividad, mientras que la Defensoría actúa como contrapeso, señalando la responsabilidad estatal.