Alertan sobre interferencia de grupos armados en 168 municipios y más de 300.000 votos en riesgo
Resumen
A pocas semanas de las elecciones presidenciales, diversas organizaciones y actores políticos han expresado preocupación por la presunta injerencia de estructuras criminales en el proceso electoral. Se han denunciado presiones a la población civil en distintas regiones del país, incluyendo La Guajira y el Guaviare, donde se señala a grupos como el ELN, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo de coaccionar el voto. Estas alertas se suman a la divulgación de audios que sugieren apoyo de disidentes de las Farc a un candidato específico, aunque las autoridades investigan su autenticidad y han intentado desvincularlos de grupos guerrilleros.
Un informe surgido del Encuentro de Honda 2026, que reunió a representantes de la sociedad civil y política, advierte que en 168 municipios los grupos armados ilegales estarían influyendo en la elección de congresistas. Adicionalmente, se estima que entre el 7% y el 10% de los contratos de obras públicas en zonas con presencia armada se desvían hacia organizaciones criminales. Estos hallazgos sugieren que la captura del sistema electoral por parte de actores armados es más rentable que el narcotráfico, evidenciando una profunda penetración en la política territorial.
Otras alertas señalan que más de 300.000 votos efectivos y un potencial de casi medio millón de electores se encuentran en riesgo debido a patrones atípicos en puestos de votación ubicados en zonas con presencia de grupos armados. Estas señales incluyen coacción, restricciones de movilidad, y acompañamiento forzado a votantes. Si bien no se atribuyen responsabilidades directas a campañas, se subraya la necesidad de verificación reforzada antes de las elecciones presidenciales para garantizar el voto libre.
Análisis Político
Se observa una estrategia de cooptación territorial por parte de estructuras criminales, que buscan influir en los resultados electorales para asegurar su permanencia y control. La denuncia de presiones y la supuesta financiación de campañas a través de la contratación pública evidencian un intento por capturar el poder político desde las regiones. Por otro lado, el Gobierno insiste en la existencia de garantías electorales, mientras que sectores de oposición y organizaciones de la sociedad civil elevan alertas sobre la fragilidad del proceso.
Quienes ganan con este escenario son las estructuras criminales, que ven en la captura electoral una vía para legitimar su poder y asegurar impunidad. Los perdedores son los ciudadanos, cuyo voto libre se ve amenazado, y las instituciones democráticas, que ven erosionada su legitimidad. Las narrativas difieren: mientras algunos actores denuncian la infiltración criminal y exigen medidas urgentes, otros minimizan el riesgo o lo desvinculan de campañas específicas, enfocándose en la normalidad del proceso electoral.
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