Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, alcalde de Villa de Leyva, fue enviado a centro carcelario tras ser imputado por los delitos de concusión y prevaricato por acción. La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que lo vinculan con presuntos actos de corrupción, incluyendo la exigencia de dinero y beneficios para agilizar trámites urbanísticos de un proyecto inmobiliario. La investigación se centra en una solicitud de coima del 20% del valor de una licencia de construcción, que la empresaria María Victoria Solarte Daza rechazó. Solarte Daza denunció que, tras negarse a pagar, el alcalde solicitó la contratación de una persona específica y luego un aumento salarial para esta, además de imponer una multa millonaria al proyecto y rechazar la ampliación de la licencia. La empresaria aportó grabaciones y documentos como pruebas, mientras que la defensa del alcalde argumentó haber sido víctima de una trampa. La Fiscalía también investiga menciones del alcalde sobre reuniones con el gobernador de Boyacá para supuestamente influir en el caso. La justicia determinó que Gamboa Chaparro podría representar un peligro para la sociedad y la víctima, justificando la medida de aseguramiento. A pesar de que el alcalde no aceptó los cargos y su defensa apelará la decisión, la evidencia recopilada, incluyendo llamadas interceptadas, fundamentó la imputación y la medida de aseguramiento preventiva. El caso pone de manifiesto presuntas irregularidades en la gestión de licencias y procesos sancionatorios en el municipio.

Análisis político

La estrategia política observada en este caso gira en torno a la presunta exigencia de sobornos por parte del alcalde para agilizar trámites, lo cual se evidencia en las grabaciones y denuncias. La defensa del alcalde intenta construir una narrativa de "trampa" por parte de los constructores, buscando desvirtuar las pruebas presentadas por la Fiscalía. Por otro lado, la empresaria actúa como denunciante y proveedora de pruebas clave, posicionándose como víctima de presiones indebidas. El alcalde de Villa de Leyva es quien pierde en este escenario, enfrentando una medida de aseguramiento carcelaria y graves cargos penales. La empresaria, aunque inicialmente afectada por multas y retrasos, gana al ver que su denuncia avanza y se expone la presunta corrupción. La Fiscalía, como ente investigador, se fortalece al presentar un caso con evidencia sólida. La mención de una posible reunión con el gobernador de Boyacá introduce un elemento de posible tráfico de influencias que podría tener repercusiones políticas más amplias si se comprueba.