La candidata vicepresidencial Aida Quilcué generó controversia tras afirmar en un evento público que quienes han estudiado en las "mejores universidades del país" solo aprendieron a "robarse la plata del pueblo" y dejaron "exclusión, odio y racismo". Estas declaraciones, difundidas en redes sociales a pocos días de la primera vuelta presidencial, provocaron un fuerte rechazo de sectores académicos, estudiantes y políticos de oposición. Quilcué, fórmula de Iván Cepeda, aclaró posteriormente que sus palabras no se dirigían a los jóvenes, sino a la "clase política tradicional" que, según ella, ha gobernado Colombia por más de 230 años y ha utilizado su educación para fines ilícitos y de exclusión. La senadora y lideresa indígena defendió sus afirmaciones, señalando que las ha repetido públicamente durante meses y que los medios de comunicación las sacaron de contexto. Recalcó que siempre ha apoyado la lucha estudiantil y recordó la modificación de la Ley 30 por parte del gobierno actual. Quilcué también apuntó contra los medios por presentar sus declaraciones como algo nuevo y controversial, invitándolos a actuar con seriedad y asegurando que su trayectoria es conocida por la gente. Las críticas apuntaron a que el discurso fomenta el resentimiento social y descalifica a profesionales. Se mencionaron casos de funcionarios con títulos universitarios involucrados en escándalos de corrupción, así como la situación de Juliana Guerrero, quien enfrenta un proceso judicial por presunta falsificación de títulos. La polémica también reavivó el debate sobre las políticas del gobierno actual en materia de educación superior, como la financiación universitaria y los programas de apoyo para estudios.

Análisis político

La estrategia política de Aida Quilcué consiste en movilizar un discurso anti-élites, asociando la educación superior de prestigio con la corrupción y la exclusión social. Al dirigirse a la "clase política tradicional" y no directamente a los jóvenes, busca polarizar el debate y apelar a un segmento del electorado que se siente marginado por las élites económicas y académicas. Esta narrativa busca construir una dicotomía entre "el pueblo" y "las élites", posicionando a su campaña como defensora de los sectores populares frente a un sistema percibido como corrupto y excluyente. Con este evento, Aida Quilcué y la campaña de Iván Cepeda buscan capitalizar el descontento social y presentarse como una alternativa radical frente a las estructuras de poder establecidas. Quienes ganan son aquellos que se identifican con este discurso anti-establishment y buscan un cambio profundo. Por otro lado, pierden los sectores académicos y profesionales que se sienten generalizados y atacados, así como las campañas que buscan un mensaje de unidad y progreso basado en la educación. Las narrativas construidas son claras: por un lado, la de Quilcué, que denuncia la corrupción y exclusión perpetrada por una élite educada; por otro, la de sus críticos, que defienden el valor de la educación superior y acusan a Quilcué de fomentar el resentimiento y la división.

La candidata vicepresidencial Aida Quilcué desató una fuerte polémica tras afirmar en un discurso que quienes han estudiado en las mejores universidades del país "lo único que aprendieron fue a robarse la plata del pueblo". Estas declaraciones, realizadas en Yopal, Casanare, generaron críticas inmediatas en redes sociales y diversos sectores académicos, quienes las calificaron de "sectarias" y promotoras de "resentimiento social". Quilcué, fórmula de Iván Cepeda, defendió sus palabras argumentando que no se refería a los jóvenes, sino a la "clase política tradicional" que, según ella, ha gobernado Colombia por más de 230 años y ha profundizado la exclusión y el olvido estructural. La controversia se intensificó a pocos días de la primera vuelta presidencial, cuando fragmentos del discurso se viralizaron. Quilcué acusó a algunos medios de comunicación de sacar sus declaraciones de contexto y de presentar como nuevas afirmaciones que ha reiterado públicamente durante meses. Subrayó que su trayectoria como lideresa indígena respalda su coherencia y que los jóvenes conocen a quiénes se ha referido. Además, recordó que el gobierno actual ha reivindicado la lucha estudiantil con la modificación de la Ley 30, buscando así validar su posición. Las críticas apuntaron a que el discurso de Quilcué fomenta divisiones sociales y descalifica el esfuerzo de quienes acceden a la educación superior. Se mencionaron casos de funcionarios con títulos universitarios involucrados en escándalos de corrupción, así como la situación de Juliana Guerrero, quien enfrenta un proceso judicial por presunta falsificación de títulos. La polémica también reavivó el debate sobre las políticas educativas del gobierno actual, incluyendo discusiones sobre financiación universitaria y programas de apoyo para estudios.

Análisis político

La estrategia política de Aida Quilcué se centra en la polarización y la movilización de bases sociales que se sienten excluidas o representadas por la "clase política tradicional". Al atacar a los egresados de las "mejores universidades", busca construir una narrativa de "ellos contra nosotros", donde "ellos" representan la élite corrupta y "nosotros" son los pueblos históricamente marginados. Esta táctica busca consolidar el apoyo de su electorado y diferenciarse de otras campañas, apelando a un discurso de resentimiento y reivindicación. Con este evento, Aida Quilcué y la campaña de Iván Cepeda buscan capitalizar el descontento social y posicionarse como la alternativa a un sistema percibido como corrupto y excluyente. Quienes ganan son aquellos que se identifican con el discurso anti-élite y anti-establishment, mientras que pierden los sectores académicos y profesionales que se sienten generalizados y atacados. Las narrativas construidas son distintas: por un lado, la de Quilcué como defensora de los oprimidos contra una élite educada y corrupta; por otro, la de sus críticos que la acusan de fomentar el odio, el resentimiento y de descalificar el mérito y el esfuerzo educativo.