La Agencia Nacional de Tierras (ANT) recuperó 6.182 hectáreas de tierras baldías en Vichada, previamente ocupadas de manera irregular por Nicolás Laserna, primo de la candidata presidencial Paloma Valencia, y el excongresista Gustavo Londoño García. La recuperación se produce tras años de litigio judicial y administrativas que declararon la ocupación como indebida, a pesar de los intentos de Laserna y Londoño por legalizar su posesión. El predio, conocido como finca Buenavista, fue adquirido por Laserna y Londoño en 2008 de un colono, pero la transacción fue cuestionada al tratarse de tierras baldías que no pueden ser vendidas por particulares. Posteriormente, intentaron reclamar la propiedad mediante prescripción adquisitiva, figura que no aplica a baldíos, y aunque un juzgado falló a su favor inicialmente, la ANT interpuso acciones legales que culminaron con fallos de la Corte Suprema a favor del Estado. Estas tierras, que albergan ganado y construcciones de alta gama, serán ahora destinadas a la reforma agraria y adjudicadas a familias campesinas sin tierra de la región. El caso ha reavivado el debate sobre la concentración de tierras y la destinación de los baldíos en Colombia, contrastando las posturas políticas sobre la reforma agraria.

Análisis político

Se observa una estrategia política del gobierno y sus aliados para visibilizar la recuperación de tierras baldías, presentándola como un acto de justicia social y cumplimiento de la reforma agraria. El presidente Gustavo Petro ha cuestionado directamente la apropiación de baldíos por parte de familias políticas, vinculando este caso con la senadora Paloma Valencia. Por otro lado, la defensa de Valencia sobre la legitimidad de los títulos de su primo y su postura crítica hacia la reforma agraria construyen una narrativa de defensa de la propiedad privada frente a lo que considera intervencionismo estatal. El principal beneficiado de este evento es el gobierno y sus aliados, quienes refuerzan su discurso de redistribución de la tierra y justicia rural, ganando capital político ante sectores campesinos y progresistas. Paloma Valencia y su partido, por el contrario, se ven expuestos a críticas por la posesión indebida de tierras por parte de un familiar, lo que debilita su imagen y genera contradicciones con su discurso político. La narrativa construida por el gobierno se centra en la recuperación del patrimonio público para el campesinado, mientras que la oposición defiende la legalidad de las posesiones y cuestiona la política agraria del ejecutivo.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) recuperó la finca Buenavista, un predio baldío de 6.182 hectáreas en Vichada, que había sido ocupado irregularmente por Nicolás Laserna, primo de la candidata presidencial Paloma Valencia, y el excongresista Gustavo Londoño García. La recuperación se materializó tras una década de ocupación y un complejo proceso judicial que incluyó fallos viciados y la intervención de la Corte Suprema de Justicia a favor del Estado. El predio, que contenía más de 600 cabezas de ganado y edificaciones de alta gama, será destinado a familias campesinas sin tierra como parte de la política de reforma agraria del Gobierno nacional. El caso se remonta a 2008, cuando Laserna y Londoño adquirieron la posesión de un colono, intentando posteriormente legalizarla a través de figuras como la prescripción adquisitiva del dominio, las cuales no aplican a tierras baldías. La ANT detectó la irregularidad y, tras un proceso de tutela que culminó en 2019, obtuvo el respaldo judicial para declarar la indebida ocupación. A pesar de intentos de entrega voluntaria en 2025, la acción estatal se hizo necesaria para asegurar la destinación del predio a su propósito original: la reforma agraria. La recuperación de Buenavista se da en un contexto de debate sobre la reforma agraria y la concentración de tierras en Colombia, donde terrenos baldíos han sido objeto de apropiación privada. La senadora Paloma Valencia ha defendido la legitimidad de los títulos de su primo, aunque ha admitido la posibilidad de que el terreno fuera baldío. La ANT, por su parte, reafirma que estas tierras nunca debieron salir del dominio del Estado y ahora beneficiarán a comunidades campesinas que históricamente han esperado acceso a tierra productiva.

Análisis político

La recuperación del predio Buenavista evidencia una estrategia estatal de reafirmar el control sobre tierras baldías y materializar la reforma agraria, presentando al Gobierno como garante de la justicia rural y redistribuidor de activos productivos. Quien gana con este evento es el Gobierno y las comunidades campesinas beneficiadas, quienes ven materializado un derecho reclamado por décadas. Por otro lado, la familia Valencia y el excongresista Londoño, vinculados a la ocupación indebida, pierden la posesión de un bien de gran extensión y enfrentan un revés en su defensa de la propiedad. Se observan narrativas contrapuestas: por un lado, la del Estado y las organizaciones campesinas que enfatizan la recuperación de patrimonio público y la justicia social; por otro, la defensa de la legitimidad de los títulos por parte de la senadora Valencia, que busca desvincularse de la ocupación indebida y cuestionar la política de reforma agraria. La estrategia de la ANT se enfoca en la legalidad del proceso y el beneficio social, mientras que la narrativa de la senadora Valencia apela a la defensa de derechos de propiedad y critica las políticas de redistribución de tierras.